El BBVA comienza a preparar el terreno para su respuesta a las nuevas condiciones de la OPA hostil sobre el Banco Sabadell. El country manager de la entidad vasca en el Estado español, Peio Belausteguigoitia, ha abierto la puerta a «todos los escenarios» después de que el gobierno español haya prohibido durante entre tres y cinco años culminar la fusión con el banco catalán. Las dos salidas para el Banco de Bilbao, según ha asegurado Belausteguigoitia en una intervención en las jornadas de la APIE en Santander, son las esperadas: o bien retirar la oferta, que ahora sufre un lastre que buena parte del mercado considera insuperable; o bien llevar al ejecutivo de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo.
«Todo es muy reciente. En los próximos días se sabrá algo», ha anunciado Belausteguigoitia, quien ha pedido paciencia a los inversores. Ya el pasado martes, pocas horas después de que la Moncloa emitiera su decisión, el BBVA anunció a la CNMV que estaba «estudiando» el nuevo remedio, y el impacto que este puede tener sobre su estrategia. Así, el country manager ha detallado que la dirección vizcaína esperará, como mínimo, a que el Consejo de Ministros haga pública «la extensión del documento de análisis» que justifica el veto a la fusión.
Es importante decir que su rival en la contienda, el Sabadell, ya ha exigido que «informe de las nuevas sinergias» que se producen; y ha anunciado que presentará en sociedad su plan estratégico para el período 2025-2027 el 24 de julio. Cabe recordar que el BBVA calculaba unos ahorros a través de estas sinergias de unos 850 millones de euros. Se desconoce, por ahora, en qué lugar queda este monto; y el mismo Belausteguigoitia ha esquivado las preguntas al respecto. Es este agujero de capital, precisamente, lo que varias voces financieras consideran clave para que el Banco de Bilbao decida, finalmente, retirarse de la subasta.
Una interpretación restrictiva de la ley
Según ha declarado Belausteguigoitia, el BBVA hace una interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia mucho más limitada que el gobierno español, lo que podría justificar una hipotética denuncia ante el TS. A juicio de los directivos vascos, las atribuciones del ejecutivo solo permitirían «mantener o flexibilizar las condiciones establecidas por la CNMC». La Moncloa, por su parte, ha apuntado a los más que discutidos criterios de interés general para avanzar sus posiciones contra la OPA. En medio, empresarios y particulares consideran que «la vía judicial no tiene recorrido»; y celebran el informe. Ahora, en unas tres semanas, la CNMV validará el folleto de la OPA y comenzará el período de aceptación, que se alargará entre 30 y 100 días.
