El gobierno español se defiende de las críticas lanzadas por David Martínez Guzmán, el accionista del Sabadell que ya ha anunciado que acudirá a la OPA hostil del BBVA. Martínez, un magnate mexicano que forma parte del capital del Sabadell desde 2013, ha acusado a la Moncloa de haber interrumpido el ritmo natural de la oferta, así como su rentabilidad. En su mensaje particular dentro del informe del consejo de administración, el inversor lamentaba que «la interferencia política ejercida ha afectado negativamente la contraprestación» de la OPA. Desde el ejecutivo han respondido a estas acusaciones, y han defendido que siempre «han sido claros, transparentes y respetuosos» con la legalidad durante el procedimiento. Así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reafirmado que el procedimiento público ha respetado «todas las instituciones, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia«.
De hecho, lejos de aceptar las acusaciones de injerencia, Cuerpo ha argumentado que la normativa actual, tanto el decreto de OPAs como la ley bancaria, «habilita al gobierno español para proteger el interés general». «Y es claro que lo hemos hecho», continuó. De hecho, ha remitido a Martínez a la actuación misma de BBVA, que «ha continuado con la operación, incluyendo el cumplimiento de las condiciones para proteger el interés general que ha puesto el gobierno». Así, ha instado al Banco de Bilbao y sus aliados -como el mismo millonario mexicano- a «generar valor para los accionistas» de forma «compatible con la protección del interés general y el valor para los ciudadanos, empresas, clientes y trabajadores».
Las amenazas judiciales
La confianza de Cuerpo en la actuación del ejecutivo, cabe decir, contradice las diversas inquietudes judiciales y administrativas que pesan sobre el departamento por las condiciones adicionales de la OPA. El mismo BBVA, que el ministro usa como prueba de la legitimidad de las medidas tomadas, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el veto a la fusión durante entre tres y cinco años impuesto por el gobierno de Sánchez. El argumento de la Vela siempre ha sido que, en su interpretación de la ley, la Moncloa puede «mantener o flexibilizar las condiciones impuestas por la CNMC» en fase 2 de estudio, pero «en ningún caso endurecerlas». En todo caso, esta respuesta judicial no interfiere con los tiempos previstos, y se resolvería a finales de 2026. En caso de que la operación prospere y el alto tribunal se pronuncie a favor de BBVA, eso sí, podría reducir la vigilancia pública sobre ambas entidades y el bloqueo a la absorción del Sabadell.
También planean sobre Madrid las dudas de la Comisión Europea con las medidas contra la OPA. Bruselas, de hecho, ya ha requerido al ejecutivo que explique las condiciones adicionales, ya que podrían atentar contra derechos fundamentales de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, como la libertad de empresa o la libre circulación de capitales. A ojos del gobierno de los 27, sin embargo, no serían solo Sánchez y Cuerpo los culpables de esta fuga legal. Consideran que la ley bancaria española otorga poderes potencialmente excesivos a la administración, y que podrían, a su vez, vulnerar la normativa europea. Como en el caso anterior, el proceso será largo, y no se resolverá hasta que la compra del Sabadell esté cerrada, en un sentido u otro.
