La Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell retrasa aún más su resolución. La Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido enviar a fase 2 la posible compra. De esta manera, la ofensiva del banco presidido por Carlos Torres pasa a un segundo período de estudio en profundidad. Con esto, la Comisión se da un mínimo de tres meses para recopilar más información sobre los efectos que una fusión de esta magnitud podría tener sobre el mercado antes de tomar una decisión definitiva en cualquier sentido. Es previsible, de hecho, que extiendan aún más los plazos, dado que ya lo hizo con la fase 1, que contempla un mes para la resolución, pero que se ha alargado sustancialmente en la búsqueda de más certezas. La resolución rompe así el calendario del BBVA, que esperaba una resolución más rápida, y fijaba como límite temporal mediados de 2025. Con la entrada en fase 2, como ha reiterado el ministro de Economía del gobierno español Carlos Cuerpo, el sí de la CNMC se podría «extender varios meses, hasta bien entrado el primer trimestre de 2025»; una agenda que alejaría aún más la ejecución de la OPA, en caso de que esta llegara a llevarse a cabo.
Con esta decisión, la postura de la CNMC difiere de la de BBVA, que consideraba que la fusión con Sabadell era bastante similar a la adquisición de Bankia por parte de Caixabank y, por tanto, no procedía un estudio más profundo que el que garantiza la fase 1. El argumento de Sabadell, sin embargo, era opuesto: una integración entre dos de los cuatro bancos más grandes del Estado -una que, además, sería hostil- es mucho más compleja que la que se completó en noviembre de 2021. En línea con esta alerta, Competencia se otorga ahora la capacidad de estudiar con más profundidad los problemas que pueden surgir en varios segmentos -los TPVs, o el crédito a las pymes, entre otros-. Cabe decir que, durante los meses que se ha dado para estudiar la compra, el organismo ha reiterado que mantenía la puerta abierta a esta fase 2 para resolver los riesgos de concentración bancaria a los que el tejido empresarial catalán ha apuntado desde el inicio del proceso, el pasado mes de mayo. Cabe recordar que la Autoridad Catalana de la Competencia ya emitió un informe -no vinculante- en un sentido similar, alegando que la compra supondría una marcada falta de competencia en los servicios financieros del país.
Con condiciones o sin ellas
Cabe decir que la imposición de la Fase 2 no supone necesariamente un bloqueo de la operación o unas condiciones duras para ejecutarla; si bien es cierto que una compra suficientemente complicada para necesitar el segundo capítulo de estudio suele acabar acompañada por importantes remedies -concesiones o compromisos a los que debe adscribirse la empresa resultante para garantizar la competencia en el sector en cuestión-. El banco vasco, cabe decir, ha insistido a menudo que estos condicionantes deben estar en línea con los que la Comisión impuso a la fusión Bankia-Caixabank; una posición que Sabadell no comparte.
En el procedimiento que se abre con esta decisión, la CNMC abre la puerta a incorporar la visión de otros actores económicos -sindicatos, patronales o administraciones, por ejemplo-. En un caso muy extremo -en el cual el organismo considere que las complejidades de la compra obliguen a imponer condiciones muy severas o, incluso, un bloqueo-, la decisión podría incluso elevarse al Consejo de Ministros, hecho que alargaría aún más los plazos. Cabe recordar que el ministerio dirigido por Cuerpo ha sido uno de los principales detractores de la fusión, hasta el punto de haberse comprometido a poner «pie en pared» ante una iniciativa que, a su parecer, cuestiona la competencia bancaria en el Estado. También la Generalitat podrá expresar su opinión, dado que la CNMC «solicitará un informe perceptivo a las regiones en las cuales la concentración incida de forma significativa» -Cataluña y la Comunidad Valenciana, principalmente-.
Más allá de Moncloa, una multitud de asociaciones empresariales se han dirigido a la directora de la CNMC Cani Fernández para comunicar las dificultades que podrían enfrentar las pequeñas y medianas empresas catalanas y valencianas en caso de que desaparezca la opción Sabadell. Según el banco, hasta un 40% de las pymes se verían afectadas, debido a las abundantes líneas de crédito que ofrece a este perfil de negocios. Ya en julio, la patronal catalana Pimec alertaba que la OPA «reduciría la disponibilidad de crédito en un 8%, más de 54.000 millones de euros» en financiación dirigida principalmente al tejido empresarial y a las familias. «La financiación es el oxígeno de las pymes, las cuales tienen menos oferta, hecho por el cual sufren un encarecimiento de sus costos empresariales», lamentaba entonces el presidente Antoni Cañete.
