La nueva propiedad de Celsa se ha comprometido con el gobierno español a buscar un nuevo socio industrial español que tenga el 20% del accionariado y a mantener toda la plantilla de la siderúrgica catalana. Este pacto llega después de iniciar el proceso para recibir el aval del gobierno español y poder fiero efectivo el cambio de propiedad de la compañía después de la sentencia judicial. Además, la propiedad ha asegurado que están “dispuestos a trabajar” con todos los actores implicados para garantizar el cumplimiento de las condiciones que los ha trasladado el ejecutivo español.
Además, hay que apuntar que, tal como establece la normativa, el último paso para cerrar la reestructuración es recibir el visto bueno del gobierno español, puesto que al tratarse de inversores extranjeros que quieren entrar en el capital de una empresa estratégica, como es considerada Celsa. En total, la compañía mujer trabajo además de 10.000 personas en el Estado, 2.400 en Cataluña.
En el mismo comunicado, los fondos han explicado que tanto el Govern como el ejecutivo español los han comunicado “la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo”. A la vez, las administraciones también los han reclamado que la toma de decisiones del grupo se continúe haciendo desde España.
La última reclamación hecha a los fondos es “la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía”. Este requisito empezó a tomar forma el mes pasado cuando escogieron a Rafael Villaseca como nuevo presidente. Los fondos aseguraron que lo escogieron porque es “por una figura reconocida y de consenso con la administración”. Además, en el momento del anuncio los fondos ya apuntaron que con este nombramiento cumplen con el compromiso de poner la compañía en manos de ejecutivos independientes.
