La gran sequía que sufrió Cataluña entre el 2007 y el 2008 no sirvió para «cambiar el chip» de empresas e instituciones del país, según lamenta la Cámara de Comercio de Barcelona. La corporación denuncia, a raíz de los datos extraídos de su último informe de Indicadores de Progreso y Bienestar, el que considera una «década perdida» en inversiones en infraestructuras hídricas, así como en la inversión general en el sistema de consumo de agua al país. La directora del Gabinete de Estudios de Infraestructuras de Cámara, Alicia Casart, critica la ausencia de las instituciones catalanas en esta crisis: la emergencia por sequía de ahora hace década y media acabó con un nuevo ciclo de lluvias, «y todo el mundo se olvidó». En un hundimiento pluvial mucho más pronunciado, como el que empezó a finales del 2021, la adaptación se hace mucho más urgente; atendido, especialmente, que los sucesivos Gobiernos «no han hecho los deberes». «No habríamos de haber llegado nunca a este punto», asegura el vicepresidente de la entidad y presidente ejecutivo de la multinacional del sector de la piscina Fluidra, Eloi Planes.
En este sentido, la Cámara reclama la ejecución de unas inversiones por valor de 5.200 millones de euros hasta el 2040 –3.200 de los cuales tendrían que estar en movimiento antes del 2030– en varias actuaciones para «cambiar el modelo hídrico» catalán. Los proyectos y obras previstas van relacionadas con la mejora de la eficiencia de la red, la expansión de la capacidad de desalinización o regeneración de agua. La Cámara reconoce que intervenciones de este talante están presentes «en la planificación de la Agencia catalana del Agua»; si bien reclama que «se ejecuten con la máxima prioridad» para que estén finalizadas a principios de la próxima década. Entre otras medidas, los representantes de la corporación destacan la licitación de las obras de la desalinizadora de La Tordera, la redacción del proyecto de la desalinizadora de Foix o las nuevas infraestructuras de tratamiento y regeneración de agua al Besòs; así como un impulso a las ayudas a los entes municipales para optimizar las redes sobre las cuales tienen competencia.
La financiación a largo plazo, pero, choca con la urgencia de una importante rendija de consumo de agua, especialmente en las comarcas barcelonesas: según las previsiones de la entidad, la bajada de las aportaciones en la red de los recursos convencionales del Ter y el Llobregat (ATL) puede llegar a provocar un déficit de oferta hídrica de 2,5 metros cúbicos por segundo tan pronto como en marzo del 2025. Las diversas actuaciones ya en marcha, como por ejemplo las obras de mejora –licitadas, hoy por hoy– de la estación de tratamiento de agua del Besòs, podrían llegar a aportar hasta un metro cúbico por segundo. El montante restante, a ojos de la corporación, se tendría que aterrizar mediante una «interconexión» con el Consorcio de Aigües de Tarragona para transportar los excedentes de forma puntual y potencialmente multidireccional –considerando la posibilidad que, si Tarragona sufre un episodio de sequía, se pueda recurrir a las aguas barcelonesas–. «Con la mirada a corto plazo, el trasvase es indispensable», razona Planes.
Malgrat la parada inversora de la última década, la Cámara reconoce que parte de esta nueva red ya está operativa. Sin ir más lejos, la producción de agua desalinizada al país ha escalado en los últimos años hasta los 63 hectómetros cúbicos, más del doble que el anterior máximo –unos 29,7 hectómetros–, logrado en 2019. El mismo informe compilación que la ratio de uso del agua desalinizada y regenerada en la región metropolitana de Barcelona ha escalado con intensidad: si bien antes del actual episodio de emergencia solo el 5% venía de estas fuentes, en ciertos puntos de la crisis se llegó a un 33% de demanda procedente de desalinizadoras y el 25% salida de plantas de tratamiento y regeneración.
Preocupación empresarial
Más allá del consumo privado, la emergencia hídrica está suponiendo una importante vez para las empresas catalanas. Más del 80% del valor añadido sucio del país, según la Cámara, está «expuesto a la sequía»; con especial énfasis en sectores estratégicos, como por ejemplo el agroalimentario, la industria o el turismo. Los negocios, según Casart, están «muy preocupados» por los posibles efectos que la crisis puede tener sobre su actividad –algunos, incluso, por su supervivencia–. «La demanda empresarial tiene dos vertientes: como ahorrar ya y como hacer cambios sectoriales a futuro», razona la jefa del Gabinete. En este sentido, la corporación reclama una reflexión alrededor de un «contexto normativo no demasiado maduro».
«Las empresas piden un apoyo de cara a un gran cambio en la economía productiva», subraya. El ejemplo a seguir, el de la tarraconense Aitasa, con proyectos de regeneración de agua de la red pública para el uso industrial. En la busca de este «cambio de chip», desde la cámara celebran el movimiento del departamento de Empresa y Trabajo, con nuevas ayudas dirigidas tanto a la diagnosis del consumo hídrico de las empresas como a su ahorro a corto y mediano plazo. En este sentido, proponen un «trabajo paralelo» en planes estratégicos para los varios sectores afectados, con incentivos y compensaciones para el ahorro y el buen tratamiento del agua y sanciones para aquellos que no actúen correctamente.
«Garantizar la ejecución»
Sobre este diagnóstico, la Cámara ha anunciado la creación de un nuevo observatorio de la transición hídrica con el objetivo de garantizar la ejecución de las inversiones necesarias para la puesta en marcha de un nuevo modelo para el agua en Cataluña. El nuevo órgano se plantea seguir las tramitaciones de los proyectos ya vigentes, así como la ejecución de las líneas de financiación ya anunciadas para nuevas infraestructuras hídricas. Por otro lado, ofrecerá «análisis y propuestas en la gobernanza del ciclo del agua» de cara a administraciones y empresas, en la busca de una normativa «más flexible» en cuanto a la conservación e impulso de los recursos hídricos.
