Bruselas se rinde ante las demandas de un sector del automóvil en crisis. La Comisión Europea ha anunciado este lunes que flexibilizará el calendario de los objetivos de emisiones de CO2 para los coches fabricados en Europa. Así, las operadoras comunitarias tendrán tres años, y no solo uno -como planteaba el proyecto de la presidenta Ursula von der Leyen hasta ahora- para reducir la dispersión de elementos contaminantes en sus automóviles de combustión tradicionales. «Existe una clara demanda de flexibilidad en los objetivos de CO2», ha declarado Von der Leyen, tras una jornada de diálogo con representantes de la industria. Desde que el ejecutivo comunitario puso en marcha su hoja de ruta, muchas compañías alertaban que las nuevas guías de sostenibilidad podían reducir sus ya deterioradas rentabilidades, tras una serie de inversiones fallidas en alternativas electrificadas.
Las concesiones, cabe decir, serán limitadas, en tanto que Von der Leyen ha reivindicado la «previsibilidad y equidad» de la normativa, especialmente de cara a aquellas empresas que «ya hacen sus deberes» en materia de emisiones. «Esto significa que nos tendremos que ceñir a los objetivos acordados», apuntaba la presidenta de la Comisión; aunque con márgenes más amplios. De esta manera, Bruselas buscará mantener el equilibrio entre las demandas de aquellas compañías automovilísticas que «piden más pragmatismo en tiempos complicados» y los objetivos tecnológicos y climáticos de la Unión, a los cuales no parece dispuesta a renunciar. Concretamente, los turismos deberán emitir un máximo de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro, unos 20 menos que en las regulaciones vigentes en el período 2020-2024. Ahora bien, el límite temporal se situará en 2029, más allá de lo previsto. A largo plazo, el gobierno de los 27 mantiene la meta de alcanzar las cero emisiones en el año 2045.
Cooperación tecnológica
Más allá de la sostenibilidad, Von der Leyen también ha trazado su hoja de ruta para impulsar las nuevas tecnologías automovilísticas en la Unión. En concreto, ha revelado un plan para acelerar la adopción del coche autónomo en el continente. «Debemos lograr que lleguen más rápidamente los vehículos autónomos a las carreteras europeas», ha argumentado la conservadora alemana, que ha cerrado una «alianza con la industria» para impulsar sus avances. «Desarrollarán software compartido, chips y tecnología para la conducción autónoma», de tal manera que las marcas, antes aisladas, «compartirán recursos» para impulsar el conjunto del sector.
En línea con las demandas de las principales potencias de la Unión, además, la presidenta ha reivindicado una «cadena de suministro más robusta y resiliente» en el automóvil europeo, que evite la dependencia de terceros países. Ha situado en primer plano, en este sentido, el apoyo «directo» a los fabricantes de baterías de la UE. «Mientras que nuestra producción está en proceso de ampliación, vemos que las baterías importadas son más baratas», ha lamentado Von der Leyen, en referencia a una tecnología china mucho más escalada y arraigada. «No podemos permitir que los vehículos eléctricos se encarezcan, pero tampoco crear nuevas dependencias», ha concluido.
Críticas de los consumidores
La concesión de Von der Leyen es vista como una derrota por parte de una de las principales asociaciones de consumidores europeas, la BEUC. Según la entidad, ampliar los márgenes para la reducción de emisiones para el vehículo tradicional puede frenar aún más el desarrollo del vehículo eléctrico en el continente, una rama industrial que ya se encuentra en horas bajas. «Es una señal equivocada para los consumidores», ha lamentado el director de la asociación, Agustín Reyna; que alerta que la medida «desincentivará que los fabricantes hagan inversiones y proporcionen modelos nuevos y más asequibles». Según los potenciales compradores, la vía correcta es poner sobre la mesa cambios regulatorios y ayudas que «incentiven que los consumidores den el paso al coche eléctrico».
