La Comisión Europea ha terminado por concretar las diversas alertas que había lanzado hacia el gobierno español en relación con los límites impuestos a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Desde el inicio de la fase 3 de estudio de la operación, la que corresponde al ministerio de Economía y, posteriormente, al Consejo de Ministros, el ejecutivo comunitario ha enviado varios avisos, asegurando que «intervendrá» en el proceso como «guardiana de los Tratados» de la UE en caso de que vea que estos han sido contravenidos. Según ha adelantado este mismo jueves el diario Expansión, Moncloa ya habría ido demasiado lejos, y el gobierno de Ursula von der Leyen tomará cartas en el asunto. Se espera que, antes de que los comisarios se vayan de vacaciones, solicitarán por carta explicaciones al gobierno español, que deberá exponer cuáles son los fundamentos de las condiciones adicionales impuestas -el veto a la fusión de entre 3 y 5 años, que ha destrozado las sinergias que esperaba la Vela-; y por qué estas son las más adecuadas para paliar las amenazas al interés general que identifica. En caso de que las explicaciones no satisfagan al organismo superior, el conflicto podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendría potestad para aplicar sanciones contra España por la violación de la normativa marco. Según el experto e investigador del instituto Ostrom, Roger Medina, era previsible que Europa tomara medidas para analizar los movimientos de Madrid, en tanto que «la intervención política en las operaciones de concentración empresarial«, como la que han perpetrado Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, «es siempre muy controvertida, y preocupa a la CE». Tanto, de hecho, para volver a sacudir la posible compra del Sabadell cuando esta parece más débil, y a las puertas del período de aceptación de las condiciones vascas, en que los accionistas lo decidirán todo.
La clave de las dudas de Bruselas radica en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe a los estados miembro «todas las restricciones a los movimientos de capitales entre estados y entre estados miembros y terceros». En tanto que la oferta del BBVA supone un intercambio de acciones, queda sujeta a este paraguas regulador; y, por tanto, está incluida en el capítulo de una de las cuatro grandes libertades sobre las que se fundamenta la arquitectura institucional europea. En caso de que la CE concluya que, efectivamente, el bloqueo de la fusión supone un freno a la libre circulación de capitales, el margen de actuación de los estados es muy escaso, y se limita, según los tratados, a «razones de orden público o seguridad pública»; que pueden incluir razones imperiosas de interés general, en un giro similar al que contempla la ley española de defensa de la competencia. De esta forma, como confirma el profesor de estudios de Economía y Empresa de la UOC, Joaquim Clarà, el aviso de la Comisión también hace dudar del encaje legal de la interpretación que el Consejo de Ministros ha hecho de la ley española. «El interés general es un concepto bastante subjetivo. De hecho, para la CE, puede estar dentro del interés general la creación de un sistema bancario integrado», y, en consecuencia, apreciar la posible fusión bancaria como un movimiento favorable a los ciudadanos de los 27.
Para Medina, en este sentido, la llamada de Bruselas deja entrever que, al menos, las justificaciones para el estudio de la OPA en fase 3 no están aún fundamentadas. Entre otras cuestiones, apunta, porque ni siquiera el mensaje del ministerio se ajusta estrictamente a la ley española. En primer lugar, asegura, el margen de las instituciones europeas para restringir la circulación de capitales se fundamenta en una total transparencia. Es decir, el gobierno en cuestión se ve obligado a demostrar que sus motivos encajan en la definición de interés general; y también que las medidas que ha tomado son las más adecuadas para resolver los problemas que se puedan derivar. «¿Usted quiere proteger la cohesión territorial? Fantástico, pero tendrá que demostrarme que las medidas aportadas sirven para hacerlo», ejemplifica el investigador. En este sentido, pesa sobre Moncloa no haber publicado aún el acuerdo completo por el cual se impone el veto a la fusión, y el detalle de todas las cuestiones de interés general que lo justifican. «No dar capacidad de consultar documentación exhaustiva es una mala praxis», argumenta. Con este procedimiento, pues, la Comisión busca recibir estas explicaciones por parte del Consejo de Ministros; y presionar a Madrid para que dé marcha atrás en la medida en caso de que no esté bien fundamentada. «Es legítimo querer preservar cuestiones socialmente relevantes, pero el tribunal puede considerar que la lectura hecha no justifica la medida aplicada», remata Medina; que recuerda el principio de proporcionalidad como rector de la actuación de las administraciones.
En defensa de la CNMC
A este agujero en las tácticas de Sánchez se suma la obsesión comunitaria por preservar la independencia de los organismos reguladores de los sectores estratégicos, entre los cuales consta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La fase 3 del gobierno, en buena medida, se puede leer como una enmienda a la totalidad a las condiciones que impuso la CNMC un mes y pico antes, cuando permitió la fusión aceptando las concesiones que había trasladado BBVA. Para Medina, un movimiento como este atenta contra las preferencias comunitarias. «Que haya organismos independientes, como la CNMC o la AIRef, no responde a la buena voluntad del legislador, sino a la insistencia de las instituciones europeas», ironiza el experto. De esta forma, el ejecutivo continental salta también en defensa del equipo que dirige Cani Fernández, que ha estado en el centro de las críticas del mundo empresarial, especialmente el catalán, desde su dictamen. En todo caso, cabe recordar que la CE no tiene capacidad para obligar a un estado miembro a anular una decisión tomada por su gobierno. La palanca para «torcer el brazo» a quien incumpla los tratados es económica, a través de multas elevadas, a menudo proporcionales al PIB. Al menos, valora Clarà, Bruselas «envía un mensaje claro al gobierno español de que no está de acuerdo en que se impida la fusión»; más aún cuando la CNMC, el BCE y los reguladores de competencia de los diversos países afectados han dado una luz verde casi incondicional.
Abre la puerta a nuevas resistencias
En caso de que la Comisión acabe elevando el caso al TJUE, y este decida que, efectivamente, el gobierno español se ha extralimitado en su interpretación de la ley de la competencia y del TFUE, esto abriría otra grieta en la armadura gubernamental del Sabadell. Según Clarà, el BBVA y sus accionistas tendrían de su lado un factor que no existe, por ahora: una jurisprudencia favorable. Está de acuerdo Medina, que argumenta que, en tal caso, la respuesta del Tribunal Supremo a un cuestionamiento como el que ha explorado el mismo presidente del BBVA, Carlos Torres, en algunas declaraciones a medios de comunicación, «estaría enormemente condicionada» por la decisión del tribunal europeo. En este sentido, el profesor de la UOC prevé que «la mejor estrategia» para que España mantenga sus objetivos intactos es el filibusterismo. La oferta, constata Clarà, «da claras señales de agotamiento»; especialmente a raíz de la venta de TSB y los movimientos en la valoración de ambos bancos que se han derivado. En este sentido, Sánchez y Cuerpo podrían buscar «ganar tiempo para ver cómo funcionan las dos empresas»; cruzando los dedos para que el Banco de Bilbao, finalmente, decida retirarse de la pugna, como prevé una parte del mercado.
Más allá del cajón concreto de la oferta por el Sabadell, además, Clarà ve una intencionalidad política en el movimiento de Bruselas. Para el experto, existe la voluntad de dar un «tirón de orejas» al ejecutivo de Sánchez, por su voluntad de intervenir en diversas decisiones empresariales que percibe como contrarias a los intereses locales. «Bruselas tira de las orejas a España porque ya no es que limite la actividad mercantil, sino el conjunto del estado de derecho», sentencia el docente. Cabe decir, como añade Medina, que, incluso con las herramientas de las que se ha dotado el gobierno de coalición -como la extraña consulta pública en fase 3-, su participación en operaciones de concentración corporativa está ya «extremadamente limitada» por la legislación local. «Solo puede intervenir en los casos en los cuales la CNMC resuelva una fusión en fase 2 y con condiciones adicionales, que son entre 5 y 10 al año de los cientos de operaciones que revisa el regulador», anuncia. Aun así, la Comisión busca atar en corto las aspiraciones de Moncloa, que, como ya evidenció Cuerpo poco después de anunciar su propio test de mercado abierto a la ciudadanía, se plantea «aplicar este procedimiento» a otras decisiones económicas de alta complejidad.
