La Comisión Europea ha anunciado que mantiene el expediente abierto a España por la intervención del gobierno en la OPA del BBVA al Banco Sabadell. A pesar del fracaso de la operación, Bruselas considera que la legislación nacional sobre la defensa de la competencia contraviene los tratados de la UE. El portavoz del ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha recordado que el expediente no está únicamente relacionado con la OPA, sino que pone bajo la lupa toda la ley española. Más allá de la Comisión Europea, analistas, inversores y administraciones coinciden en señalar que la operación, que ha durado casi un año y medio, ha destapado los vacíos en la legislación empresarial española y ha resultado en un proceso torpe, excesivamente largo y que se ha llegado a enquistar.
En una rueda de prensa al día siguiente del fracaso del BBVA, Gill quiso dejar claro que la Comisión Europea “no hace comentarios” sobre operaciones particulares, pero al mismo tiempo defendió que las operaciones de consolidación bancaria, tanto domésticas como transfronterizas, mejoran la economía y benefician a los consumidores. “Creemos que la consolidación en el sector bancario a través de fusiones domésticas y transfronterizas puede ayudar a mejorar la eficiencia bancaria, la rentabilidad y, en consecuencia, la economía europea y beneficiar a los consumidores”, reiteró el portavoz. “Todo esto está en línea con los principios y las ambiciones establecidas en el marco de la Unión de Ahorros e Inversión” de la UE.
Enmienda a la práctica totalidad de Bruselas
Antes del verano, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por la intervención del gobierno español en la OPA sobre el Sabadell, ya que consideraba que la legislación española da demasiado poder al ejecutivo para intervenir en las operaciones de concentración y no se alinea con los tratados de la UE. De hecho, Bruselas advierte que la normativa española podría socavar los poderes del Banco Central Europeo (BCE), que es la autoridad competente en operaciones de esta magnitud.
El objetivo es obligar a España a reformar su legislación porque la normativa actual choca con reglamentos europeos como el mecanismo único de supervisión, la directiva sobre requisitos de capital y los tratados de funcionamiento de la UE. El expediente menciona explícitamente tres leyes: la 15/2007 sobre la defensa de la competencia, el Real Decreto 84/2015 sobre Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito y la disposición número 12 de la ley 10/2014, la cual también otorga competencias al ministerio de Economía en la autorización de operaciones de fusión bancaria. En caso de no enmendar las deficiencias legales, el estado español se expone a sanciones por parte de Bruselas.
Una legislación poco clara
Expertos consultados por Món Economia coinciden en señalar que la resolución de la OPA del BBVA ha sido lenta y llena de obstáculos porque la estructura legal que pilota estos procesos tiene un problema de base. “En España hay una mala técnica legislativa”, explica el analista y director de programas del Instituto Ostrom, Roger Medina. A menudo esta legislación se utiliza más para poner trabas que para mejorar su eficiencia. “Ha habido muy pocas certezas, incluso por parte de las partes implicadas, sobre qué debía pasar. Hemos tenido un problema de seguridad jurídica evidente“. En primer lugar, el redactado de las leyes es “disperso” y deja demasiado margen a la interpretación. También otorga una discrecionalidad excesiva al gobierno español, que puede intervenir de manera decisiva en los procesos de concentración, como demuestra el veto a la fusión por un periodo de tres a cinco años impuesto por el ejecutivo de Pedro Sánchez.
