La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra el Estado por los poderes discrecionales que diversas normas de la legislación española otorgan al gobierno español para poder frenar operaciones como la OPA del BBVA sobre el Sabadell, ya que se considera que su alcance permite actuar más allá del interés general. La CE considera que algunas disposiciones de la ley de competencia española dan al gobierno español ciertos poderes en cuestión de fusiones de bancos que afectan a las competencias del Banco Central Europeo y la regulación bancaria europea.
La carta que la Comisión ha enviado este jueves es el primer paso de un expediente sancionador que debe permitir el diálogo entre Bruselas y Madrid, pero que en última instancia podrían acabar con el caso elevado al TJUE, al Tribunal de Justicia de la UE. El ejecutivo comunitario da dos meses al gobierno estatal para responder a sus preguntas, para esclarecer si la intervención del gobierno español en la operación responde a un «verdadero motivo de interés general».
La legislación española «no está en línea con la UE»
Fuentes comunitarias han señalado a algunos medios españoles que si se diera algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, y aseguran que no era necesario elevar la cuestión al Consejo de Ministros, tal como hizo el ejecutivo español. Sin embargo, este expediente no afectará la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, ya que lo que preocupa a la CE es cómo la legislación española «no está en línea» con el Derecho de la UE.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que el ejecutivo había impuesto unas condiciones “ajustándose exclusivamente y de manera muy estricta” a lo que le permite la legislación española. Cuando Bruselas anunció que estudiaría medidas contra la Moncloa, Cuerpo negó que hubieran recibido ningún tipo de comunicación comunitaria al respecto. Cabe decir que no es la primera amenaza legal que pesa sobre el ejecutivo de Pedro Sánchez. El abogado y accionista de BBVA Ibor Fernandes ya llevó a la Audiencia Nacional el estudio en fase 3 del informe, que terminó desestimado. También la misma dirección del Banco de Bilbao puso sobre la mesa llevar a los tribunales el bloqueo español de la operación, en caso de que las nuevas condiciones se salgan de las competencias que le otorga la Ley de la Competencia.
