La Comisión Europea inicia la ofensiva legal contra el gobierno de Pedro Sánchez por los mecanismos que ha utilizado para obstaculizar la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Tal como anunció la semana pasada, el ejecutivo comunitario estima que el Consejo de Ministros español podría haberse extralimitado en sus funciones con las condiciones adicionales sobre la compra -en concreto, el veto de tres años a la fusión-. Este mismo jueves, el gobierno de los 27 ha anunciado un expediente contra España por este motivo. Ahora bien, las sospechas de Bruselas van más allá de las órdenes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Según el comunicado que precede al envío de la carta dirigida a Madrid, las autoridades consideran que «ciertas disposiciones en la ley bancaria y la ley de competencia españolas, que otorgan al gobierno poderes no restringidos para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, atentan contra las competencias exclusivas del BCE y los supervisores nacionales bajo las regulaciones bancarias de la UE«. Es decir, no solo la acción del Consejo de Ministros sería excesiva; también lo seria l‘estructura legal que lo ampara.
Desde hace meses, cabe decir, que el alcance de la ley de defensa de la competencia genera debate dentro del mundo económico. Poco después de presentar en sociedad la consulta pública que informó la decisión del ministerio de elevar la OPA al Consejo, Cuerpo delató la interpretación expansiva que hacían, especialmente de los artículos 10 y 60. En el primer caso, la norma concreta los criterios de interés general que justifican una intervención administrativa, mientras que el segundo expone las acciones que puede tomar el ejecutivo al respecto. Fuentes jurídicas consultadas por Món Economia apuntan que, en ambos casos, la ley podría ofrecer excesiva discrecionalidad a la Moncloa. «Hay unas disposiciones abiertas que otorgan ciertos poderes que exceden la proporcionalidad» en la regulación de consolidaciones bancarias, sostienen las mismas voces. Sobre estas dudas, la CE investigará si las atribuciones que otorga la normativa al gobierno español invaden las competencias en cuestión de fusiones y adquisiciones del Banco Central Europeo, así como del regulador nacional -en este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-.
De esta manera, la Comisión rechaza las «invasiones» de los derechos y atribuciones de los reguladores económicos, una de las obsesiones del gobierno de los 27 a la hora de vigilar los movimientos reguladores de los países miembros. A estas acusaciones se suman las que ya se habían anunciado hace una semana, con posibles violaciones de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, Bruselas asegura que las condiciones adicionales de la OPA atentarían contra los artículos 49 y 63 del TFUE, que reconocen los derechos básicos de libre establecimiento de empresas y libre circulación de capitales en todo el territorio comunitario. En todo caso, según las mismas voces jurídicas, sería complicado que los movimientos del ejecutivo de Ursula von der Leyen puedan llegar a frenar el calendario de la operación. En buena medida, porque no llegarían a tiempo: se trata de procedimientos lentos y largos que podrían incluso resolverse cuando ya haya terminado el período de vigilancia del veto a la fusión entre el Sabadell y el BBVA establecido por el ministerio de Economía, fijado entre los tres y los cinco años.
Defensa de la OPA
Más allá de las dudas legales, la Comisión Europea también ha reiterado su defensa de la OPA hostil, que ya ha hecho en varias ocasiones desde el inicio del conflicto. A juicio de Bruselas, la consolidación bancaria «beneficia la economía de la UE, y es esencial para alcanzar la unión bancaria». Ignora, así, la excesiva congestión que sufre el mercado financiero catalán, que superaría el umbral máximo de 2.500 puntos en el índice Herfindahl-Hirschmann, que mide el nivel de concentración de un mercado. En caso de que la OPA siga adelante, según un estudio de la patronal Pimec, esta ratio escalaría hasta los 2.888 puntos, en niveles excesivos.
Aun así, Bruselas defiende que una adquisición como la del banco catalán mejorará la salud económica del conjunto de la Unión, asegurando «que el capital llega de forma eficiente a lo largo de la UE y los ciudadanos y los negocios tienen acceso a productos y precios competitivos, un objetivo clave de los productos financieros». Con este objetivo presente -cuestionado por el tejido empresarial catalán-, la CE sigue adelante con la corrección a la Moncloa, y enviará una carta de notificación formal, con un margen de dos meses para responder. En caso de que no se aborden las preocupaciones de los 27, enviarían una «opinión razonada»; paso previo antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que decidiría las potenciales sanciones a España.
