BBVA se mueve para facilitar el éxito de la OPA hostil que lanzó sobre el Banco Sabadell el pasado mes de mayo. La entidad vizcaína ha reformulado las condiciones de la oferta para reducir el requisito mínimo de acciones adquiridas para que esta se considere «exitosa». En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañía presidida por Carlos Torres ha comunicado que reduce la condición para llevar adelante la oferta a «un número de acciones que permita adquirir, al menos, más de la mitad de los derechos de voto efectivos» que fundamentan el capital del Sabadell. Previamente, cabe recordar, el documento que recogía la oferta registraba un mínimo del 50,01% del capital social de la compañía de origen catalán. Con este ajuste, el Banco de Bilbao excluye del recuento final de títulos adquiridos la autocartera del Sabadell -es decir, aquella parte de la propiedad que la empresa conserva de sí misma-, en tanto que esta no otorga derechos de voto, de acuerdo con la ley española de sociedades de capital. Así, el nuevo porcentaje de aceptación de la OPA caería poco por encima del 49% del capital total.
El movimiento permite, así, eliminar unos 60 millones de acciones del objetivo de los de Torres. Antes de esta reforma, el éxito se situaba en los 2.720 millones de acciones adquiridas; ahora, sin embargo, cae a unos 2.680 millones de títulos. El diferencial se sitúa en los 78,7 millones de acciones que conserva en autocartera el Sabadell. Ahora bien, en caso de que la firma presidida por Josep Oliu varíe su volumen, el objetivo permanecería en más de la mitad de los derechos de voto. Es decir, en caso de que los catalanes amplíen su autocartera, el objetivo de BBVA será aún inferior. La entidad vasca, cabe recordar, tiene la potestad de tomar esta decisión unilateralmente, dado que la normativa contempla la flexibilización de condiciones para una OPA como un «trato más favorable» hacia los accionistas. Por tanto, depende de la discreción del oferente.
Buenas y malas noticias
Los mercados reciben con ánimos diferentes la OPA hostil. Mientras que el BBVA encuentra aliados en el capital internacional, así como en los reguladores bursátiles extranjeros, la inversión interna, así como el tejido productivo, acumulan cada vez más rechazo a la fusión. Desde Estados Unidos, la agencia de calificación estadounidense S&P Global Ratings contempla sin problemas de competencia la unión de ambas marcas, y considera que el impacto sobre la competitividad bancaria en el Estado sería «gestionable», en tanto que el tamaño de la compañía resultante no es tal que suponga un problema para el resto del sector -no sería, de hecho, ni siquiera el primer banco del Ibex, una posición que conservaría CaixaBank-. Por su parte, los analistas de la firma Alantra se han alineado con la opinión de los accionistas minoritarios de la entidad catalana, y han denunciado que la oferta de Torres -cinco acciones del Sabadell por una del nuevo BBVA- es insuficiente. Según un reciente informe citado por el rotativo madrileño Cinco Días, «la correlación en el intercambio de acciones entre BBVA -y la volatilidad mexicana relacionada- se romperá cuando el mercado reconozca un mejor valor al Sabadell como entidad independiente, y nos oponemos al cambio a menos que BBVA mejore su oferta un 20%», analizan. Este diagnóstico elevaría la oferta por encima de los 3.000 millones de euros en cuanto a retribución de los accionistas.
Un largo camino regulador
El ardid del BBVA, cabe recordar, solo tendrá efecto en caso de que la OPA pase los exámenes de competencia en unas condiciones que los vizcaínos consideren aún rentables, en tanto que se trata de la compra efectiva de acciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, encargada de emitir este dictamen, se encuentra inmersa en una fase 2 que se espera especialmente densa, a pesar del rechazo a la personación de decenas de entidades empresariales y sindicales afectadas por la potencial fusión. Sí se han conocido los informes de las autoridades de competencia catalanas, en tanto que el Principado sería, junto con la Comunidad Valenciana y Galicia, el territorio más afectado por los impactos competenciales de la adquisición. En un contundente informe, la ACCO alertaba de un aumento del precio del crédito para consumidores y empresas, una carencia que pesaría especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas del país, muy vinculadas a la financiación procedente del Sabadell.
