Movimientos en torno a la OPA del BBVA al Banco Sabadell. La entidad bancaria española está presionando a Moncloa para evitar que eleve la operación al Consejo de Ministros para que este se pronuncie al respecto y la valide o no. Así lo ha manifestado el presidente del BBVA, Carlos Torres, que considera que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa no debería llevar el caso al ejecutivo, dado que a su parecer no hay problemas de interés general que emanen de la operación.
«Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque lejos de afectar negativamente cualquier elemento de interés general, la operación es buena«, ha señalado Torres en una entrevista en la COPE. Si el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decide finalmente que la OPA debe ser revisada, el ejecutivo dispondría de un mes de plazo para pronunciarse. Cuerpo tiene hasta el 27 de mayo para hacerlo, de manera que los ministros deberían tener su veredicto antes del 27 de junio, ya sea con las modificaciones acordadas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o con nuevas condiciones. Tras esta revisión, los accionistas tendrían varias semanas para pronunciarse a favor o en contra de la OPA, siempre que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe la operación.
«Espero y confío que los accionistas de Sabadell puedan pronto tomar una decisión sobre si quieren o no unirse a este gran proyecto. Y confío en esto porque la operación es muy buena», ha insistido el presidente del banco, que asegura que disponen de datos que indicarían que la opinión pública está mayoritariamente a favor de esta adquisición.
Un «clamor social y empresarial» en contra, según el Sabadell
Por su parte, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, señala que hay un «clamor social y empresarial» contra la operación que debe ser tenido en cuenta por los accionistas, indicando que la operación «no tiene muy buenas perspectivas». En una conferencia celebrada el martes en Alicante, Oliu precisó que el proceso está en la fase de análisis de competencias de interés general, la más «política», y que «parte de la responsabilidad es explicar a los accionistas» lo que pueden «esperar» y «los riesgos que tenga cada una de estas operaciones».
El dirigente de la entidad catalana considera que desde hace un año han pasado una serie de cosas que se deben tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista del accionista. Se refiere al empeoramiento del 14% de la ecuación de caja y este «clamor social y empresarial en contra de esta operación».
