El BBVA trabaja para asegurarse la OPA hostil sobre el Banco Sabadell que lanzó en la primavera de 2024. El banco con sede en Bilbao ha ampliado por quinta vez sus compromisos ante la CNMC en algunos de los ámbitos más problemáticos de la operación. En concreto, la entidad se compromete a mantener las condiciones de las líneas de crédito circulantes a las pequeñas y medianas empresas que trabajen con el Sabadell, así como el volumen de préstamos, entre tres y cinco años después de la hipotética fusión. Se trata de aquellos préstamos que sirven para mantener la operativa del día a día del tejido empresarial, uno de los grandes vacíos que, según el mundo patronal, dejaría la desaparición del Sabadell. También ha abierto nuevas vías en el ámbito de los servicios de pago TPV -los lectores de tarjetas de crédito-, así como de pagos en línea.
La quinta propuesta de compromisos del BBVA busca calmar las preocupaciones que la CNMC ha detectado durante la fase 2 de estudio de la OPA que inició el pasado mes de noviembre. Así, se compromete a mantener durante tres años los acuerdos de crédito de las empresas afectadas. Después de este período, el banco vasco entregaría a la CNMC un informe de cumplimiento de los objetivos de crédito. El organismo, con este documento en mano, podrá imponer dos años de restricciones adicionales. El compromiso deja en evidencia las afirmaciones lanzadas desde la estructura vizcaína. El director general de BBVA en el Estado, Peio Belausteguigoitia, aseguraba el otoño del año pasado que, lejos de rebajar los niveles de crédito, la entidad resultante de la fusión tendría «más capacidad» para prestar dinero al tejido productivo. Las garantías obligatorias revelan, sin embargo, que el plan tiene fisuras.
Competencia, preocupada
A pesar de que el quinto documento de condiciones ha sido pactado con la CNMC, la organización mantiene sus recelos respecto a los efectos perniciosos de la concentración bancaria sobre las pequeñas y medianas empresas. Hasta el punto de que prepara un segundo test de mercado con las nuevas condiciones. En este caso, a diferencia del primer cuestionario, sí contará con la participación de los agentes sociales. Varias patronales y sindicatos del país, según ha podido confirmar Món Economía, ya han recibido la invitación de la Comisión para opinar; mientras que algunas otras aún esperan la comunicación de Fernández. El proceso, con toda seguridad, alargará el calendario de la OPA, y no habrá una solución definitiva hasta el verano. Si todas las partes agotan sus agendas, de hecho, la respuesta final de las administraciones podría retrasarse hasta pasadas las vacaciones de verano, después del mes de agosto.
