El BBVA continúa dando la batalla por la OPA hostil sobre el Banco Sabadell; ahora también en el terreno judicial. Según ha avanzado el diario madrileño El Español-Invertia y ha podido confirmar Món Economia, la entidad que preside Carlos Torres presentó el pasado 15 de julio un recurso ante el Tribunal Supremo contra el veto a la fusión que impuso el Consejo de Ministros en la fase 3 de estudio del expediente. Cabe recordar que el gobierno español, con el ministro de Economía Carlos Cuerpo a la cabeza, resolvió que, en caso de que el asalto al Sabadell prospere, ambos bancos deberían operar de forma independiente, con personalidades jurídicas y capitales separados, durante un período de entre tres y cinco años. Según fuentes del banco, sin embargo, el recurso «no afecta de ninguna manera» el calendario previsto para la oferta.
Por ahora, no han trascendido los argumentos que ha utilizado BBVA para chocar frontalmente con la Moncloa. Aun así, tanto el presidente, Carlos Torres, como el consejero delegado, Onur Genç, han dejado claras sus reticencias con cómo el gobierno español ha interpretado la Ley de Defensa de la Competencia, así como la Ley de Entidades de Crédito. A juicio de los oponentes, la fase 3 solo puede servir para «mantener o flexibilizar» las condiciones impuestas previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El organismo que preside Cani Fernández aceptó en fase 2 los remedios propuestos por el mismo Banco de Bilbao, con ciertos límites al cierre de oficinas y compromisos en cuanto al crédito a las pymes. En este sentido, la ley del contencioso administrativo permite presentar recursos contra actos que «generan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos».
Choque con la ley
Desde el inicio de la fase 3 de estudio, el BBVA ha alertado contra la arbitrariedad del procedimiento ideado por el ministerio de Economía. Tanto Cuerpo como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendieron la herramienta que utilizó la Moncloa para echar atrás la OPA: una consulta pública, abierta a toda la ciudadanía, sobre los agravios que podría provocar al sistema financiero la desaparición del Sabadell. Se trata de una palanca «inaudita», como confirman fuentes jurídicas; y que, ya entonces, tenía un encaje dudoso en la regulación española.
También hizo saltar las alarmas la declaración del mismo Cuerpo respecto al margen de maniobra del ejecutivo a la hora de definir los «criterios de interés público» sobre los cuales podía justificar un freno a la fusión. A pesar de que la ley de defensa de la competencia detalla, en el artículo 10, cuáles son estos criterios; Cuerpo los interpretó como «no exhaustivos». «Son ejemplos del alcance del interés público», razonaba el titular económico ante periodistas en la reunión del Círculo de Economía.
Sarta de problemas jurídicos
El recurso de BBVA no es el primer revés jurídico que amenaza al gobierno español desde que se posicionó definitivamente contra la OPA. El pasado mes de mayo, el abogado madrileño Ibor Fernandes, accionista del BBVA, llevó a la Moncloa ante la Audiencia Nacional por el uso de la consulta pública. Según Fernandes, el pseudotest de mercado «no tenía cobertura legal», y «presentaba diversos defectos formales de gravedad». Entonces, el tribunal no aceptó las demandas del letrado.
Fuera de las fronteras españolas, la Moncloa tendrá que justificar su decisión ante la Comisión Europea, que continúa investigando si esta fase 3 va contra un derecho fundamental recogido por los Tratados de Funcionamiento de la UE, como es la libre circulación de capitales. A las puertas del capítulo final de la OPA, pues, los dos bancos implicados tienen aún frentes de batalla abiertos. A partir de septiembre, con el folleto definitivo en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo quedará en manos de los accionistas catalanes, que tomarán su decisión en medio de un ruido jurídico creciente.
