El BBVA ignora la consulta pública del ministerio de Economía para iniciar la fase 3 del estudio de la OPA sobre el Sabadell. La iniciativa, cabe recordar, finaliza este mismo viernes, y abría a la ciudadanía y la sociedad civil el estudio del gobierno español de la operación para plantear condiciones adicionales a las impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El banco oferente ha decidido no participar en el estudio, ya que no observa que haya «factores de interés general» que afecten de manera relevante al mercado en caso de que se produzca la absorción del Banco Sabadell. Según especificaron desde la compañía, los cambios aplicados por la autoridad española de la competencia deberían ser lo suficientemente restrictivos para paliar los riesgos que generaba la operación.
El anuncio de la consulta, cabe recordar, generó una importante polémica en el mundo económico. El presidente español Pedro Sánchez eligió la Reunión del Círculo de Economía para comunicar a los empresarios sus intenciones. Entonces, las patronales catalanas, vehementes contra la OPA, celebraron la propuesta, que servía para corregir el proceso por el cual la CNMC dejó fuera a muchas de ellas. Sin embargo, otras voces del negocio alertaban que el encaje legal de la propuesta no estaba asegurado, atendiendo al redactado de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007. En el mismo sentido se expresó en las mismas jornadas el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que llegó a avisar que el Estado «incurriría en responsabilidades patrimoniales» a raíz de su test de mercado.
El Sabadell, entre los participantes
Por el contrario, el Banco Sabadell sí ha participado en la consulta pública de Moncloa, tal como anunció su consejero delegado, César González Bueno, durante la presentación de resultados trimestrales, celebrada a principios del mes de mayo. El directivo no quiso adelantar la información que trasladaría la entidad al ministerio de Economía, pero sí aseguró que trabajadores y clientes de la entidad también se habían sumado a la iniciativa de Moncloa. El test público, cabe recordar, es el primero que ha llevado a cabo nunca un gobierno español para valorar una operación de estas características, y consultaba al conjunto de la ciudadanía sobre las posibles consecuencias de la OPA, así como sobre los posibles remedios que se podrían aplicar. El procedimiento, que finaliza este mismo viernes, abre un período de siete días de análisis en los cuales el ministerio de Economía deberá decidir si eleva la OPA al Consejo de Ministros o si, por el contrario, rechaza aplicar nuevas condiciones.
