El BBVA abre todas las puertas que podrían llevarlo a tener éxito en su problemática OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Ha mantenido viva la oferta a pesar de todos los obstáculos, regulatorios y financieros, que han ido dificultando su victoria -que al principio se daba por descontada, al menos en Madrid-. Según confirmó el jueves, el pasado mes de julio buscó la vía para explotar las debilidades de la Moncloa, con un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que busca impugnar el veto a la fusión durante un mínimo de tres años que impuso el Consejo de Ministros. Según el argumentario que ha utilizado el Banco de Bilbao desde la resolución, no tiene encaje dentro de la Ley de la Competencia. A juicio de La Vela, el ejecutivo de Pedro Sánchez solo estaría capacitado para «mantener o mejorar» las condiciones de una OPA que haya pasado por las manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sobre esta lectura de la normativa, pues, añade un frente más a la guerra financiera; y hiere por segunda vez la estrategia legal que ha llevado a cabo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; que también cuenta entre sus enemigos a la Comisión Europea.
Ya desde los primeros movimientos del Consejo en la fase 3 de estudio del expediente, el BBVA mostró su disconformidad. El presidente del gobierno y el ministro de Economía revelaron su plan para la OPA desde la Reunión del Círculo de Economía, con el presidente Carlos Torres en el auditorio; y también con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, y el Consejero Delegado, César González-Bueno, más habituales en el encuentro empresarial de Barcelona. Allí, Cuerpo aclaró el camino a seguir: una consulta pública que debería informar la decisión del ejecutivo, y que podría servir «como precedente para otras decisiones empresariales» similares. Un movimiento que no gustó al Banco de Bilbao: de hecho, Torres abandonó el Palacio de Congresos de Cataluña haciendo escasas declaraciones a la prensa. Desde entonces, los suyos han dejado siempre la puerta abierta a acudir a los tribunales. De hecho, más concentrado en la consulta, un accionista ya lo hizo: el abogado Ibor Fernandes, socio del bufete Statera Legal, llevó a la Audiencia Nacional el pseudotest de mercado; pero sus quejas no tuvieron respuesta en la sala.
La Moncloa hizo público su dictamen con varios agujeros. En primer lugar, el ministerio de Economía lanzó solo las conclusiones del estudio, sin el informe completo que debía justificar las condiciones adicionales. Los ministerios económicos del gobierno -especialmente Industria, Trabajo y Hacienda- explicaron parte de los razonamientos que trasladaron a Cuerpo para aceptar el veto a la fusión, pero también sin un argumentario abierto. Las fuentes jurídicas consultadas consideran que esta falta de explicaciones contraviene el espíritu de las atribuciones de la Ley de la Competencia al gobierno, que exige «justificar» una medida del alcance de un bloqueo a una operación de consolidación bancaria. Aun así, las mismas voces admiten que el proceso es inaudito y, por tanto, la falta de precedentes puede hacer que la pelota caiga hacia cualquier lado.
Esta misma postura es la que ha sostenido la Comisión Europea, que espera aún que la Moncloa explique una decisión que, a su parecer, podría conculcar un derecho fundamental de los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea, como es la libre circulación de capitales. Bruselas hizo públicas sus reticencias con el dictamen del gobierno español el día 17 de julio, dos días después de que BBVA accediera al Tribunal Supremo -si bien no se conocía aún la intervención del banco vasco-. Aun así, ya hacía semanas que dejaba entrever una intervención en el procedimiento, en tanto que «guardiana de los Tratados». De hecho, la comisaria europea de Servicios Financieros, la socialdemócrata portuguesa Maria Luís Albuquerque, ya hacía semanas que advertía a Sánchez que «solo los organismos competentes -la CNMC y el BCE- deben pronunciarse» en un proceso de fusión bancaria.
BBVA esgrime la ley, la CE la enmienda
La clave en la acusación de BBVA estaría, si va en línea de las declaraciones de sus principales directivos desde julio, en que la Moncloa se habría excedido en las atribuciones que le reconoce la Ley de Defensa de la Competencia. En primer lugar, por la interpretación que hace la directiva vizcaína, más dudosa, sobre que el único movimiento posible que puede aplicar el ejecutivo es de mejora de las condiciones de la oferta -es decir, flexibilizando los remedios que propuso la CNMC en fase 2-. Y, en segundo, por las mismas declaraciones de Cuerpo: en un encuentro con periodistas durante la misma Reunión del Círculo de Economía, el ministro hizo referencia a las causas de interés general que permitirían al Consejo limitar la libertad de empresa del Banco de Bilbao. A su juicio, la ley de defensa de la competencia no lista exhaustivamente todos los motivos por los cuales puede actuar la Moncloa; una lectura que no genera consenso entre las fuentes jurídicas consultadas.
La normativa española limita a un decálogo las razones de interés público que pueden llevar a frenar la OPA: por ejemplo, menciona el buen funcionamiento de las políticas sectoriales, el desarrollo tecnológico, la seguridad nacional o la salud pública. En la nota que lanzó el ministerio de Economía para comunicar el veto a la fusión, sin ir más lejos, Cuerpo hizo énfasis en un aspecto que no se reconoce en la ley, como es el principio de cohesión territorial. Aun así, ciertos espacios de la sociedad civil económica en Cataluña argumentan que el equilibrio entre territorios sí se puede considerar un motivo legítimo de interés público, en tanto que es un mandato de la Constitución española. Es el caso del mismo Círculo de Economía, que alertaba que el éxito de la oferta hostil y la consecuente absorción del Sabadell agravaría aún más la macrocefalia financiera de Madrid en detrimento de Cataluña.
La Comisión, por su parte, va más allá en sus consideraciones. El expediente de Bruselas no solo cuestiona si el Consejo de Ministros se ajustó a la ley en la fase 3 de estudio del expediente. También asegura que la ley de defensa de la competencia, así como la ley de ordenación de las entidades financieras -una de las normas económicas estrella del gobierno de Mariano Rajoy– podrían dar excesivos poderes al gobierno para inmiscuirse en decisiones que deberían ser estrictamente corporativas. Cabe recordar que la normativa bancaria otorga aún otra palanca al ministerio de Economía para evitar el éxito del BBVA: en caso de que la OPA tenga éxito, el titular de turno de la cartera económica deberá autorizar la absorción; y podría frenarla definitivamente. Un poder como este, considera el gobierno de los 27, podría violar las competencias no solo del regulador nacional del mercado -la CNMC- sino también del Banco Central Europeo.
Efectos sobre la OPA
Según ha confirmado el mismo BBVA, el recurso ante el Supremo «va en paralelo» al calendario de la OPA y, por tanto, no debería retrasar aún más un proceso que ya lleva 16 meses prolongándose. Cabe decir que el veto a la fusión que ahora busca contravenir el banco oferente permanece como uno de los principales motivos que impulsan a parte de los analistas financieros a asegurar que la oferta fracasará. La directiva de La Vela puso sobre la mesa, en mayo de 2024, unas sinergias y ahorros por valor de 850 millones de euros para justificar el abordaje al Sabadell. Unas sinergias que tendrán que recalcular antes de presentar el folleto definitivo de OPA; pero que buena parte del mercado considera que se habrían esfumado con el veto a la absorción.
Según ha adelantado este viernes el medio madrileño El Español, en caso de tener éxito entre los inversores vallesanos, la vía judicial permitiría revertir la prohibición a finales de 2026. Es decir, el BBVA podría adelantar dos años la fusión en caso de que los accionistas del Sabadell acepten la OPA y el TS les dé la razón. Por ahora, el mercado no parece considerar que las previsiones sean sustancialmente mejores que las de antes de conocerse el recurso: las acciones del Banco de Bilbao se han encarecido poco menos de un 0,8% este viernes, mientras que las del Sabadell lo han hecho en un más modesto 0,45%. La prima negativa, eso sí, se ha vuelto a recortar, y queda en torno al 6,9%; es decir, la ecuación actual de canje infravalora al banco catalán en unos 1.200 millones de euros. Habrá que ver, especialmente a partir de septiembre, si los movimientos de La Vela sirven para revertir una situación que aún parece precaria. No en vano, fuentes cercanas a la negociación consideran que, con las condiciones presentes, «la OPA es imposible».
