La junta general de accionistas extraordinaria del BBVA que se ha reunido este viernes ha aprobado una ampliación de capital por 551 millones de euros así como la puesta en circulación de 1.126 millones de nuevas acciones para hacer frente a la opa del Banco Sabadell. La medida, debatida a la reunión extraordinaria al Palacio Euskalduna de Bilbao, ha recibido el apoyo del 96,04% de los accionistas.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido durante la junta la operación sobre el Sabadell y se ha mostrado convencido que será «un éxito» y se creará «un banco más fuerte, competitivo y rentable». Durante las intervenciones en la junta, varios representantes de los sindicatos han advertido de las consecuencias de la operación sobre la plantilla en forma de despidos y más carga de trabajo, pero la operación ha salido adelante de todos modos.
Una operación conflictiva
La decisión final de los accionistas, justo es decir, no llegará hasta que el banco bilbaíno pase la multitud de controles institucionales que todavía quedan antes de presentar una oferta firme. Los organismos reguladores de la bolsa (CNMV) y de competencia (CNMC), además del Banco Central Europeo, todavía tienen que valorar la OPA como paso previo a cualquier movimiento oficial por parte del banco presidido por Torres. Los organismos, justo es decir, han ido dejando entrever sus posiciones: a mediados de mes de junio, la CNMV ya admitió a trámite el movimiento de BBVA; mientras que el BCE contempla este tipo de fusiones como una mejora de la competitividad financiera de la Unión -si bien insiste a menudo que opta por «uniones transfronterizas» capaces de crear entidades de ámbito comunitario-. La CNMC, por su parte, asume el rol de Moncloa, y ya ha anunciado que «elevaría» en el gobierno español su vigilancia de la compra si esta sale adelante.
El siguiente escollo, el más complicado de saltar para Torres, será precisamente el del gobierno español -que no tiene potestad sobre la compra, pero sí que tiene que autorizar posterior fusión-. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha insistido a menudo en su negativa a la unión entre entidades; una postura que el titular de economía Carlos Cuerpo reiteró a finales de julio, en la inauguración del seminario anual de la Asociación de Periodistas de Información Económica -acontecimiento donde estaba también presente el mismo presidente del Banco de Bilbao-.
En aquella instancia -como en otras muchas- Cuerpo recordó la ya elevada concentración bancaria que muestra el mercado español, con efectos diversos sobre los consumidores, como por ejemplo la no remuneración de los depósitos con la subida de tipo. Unida a la elevada liquidez provocada por el endurecimiento monetario y la acumulación de compras en el marco del programa europeo de QE, la carencia de competencia es, a parecer del ministro, «perjudicial» para usuarios particulares y empresas. Tanto es así que, a pesar del apoyo técnico a la ofensiva de BBVA, los
Oposición social
No solo el mundo financiero e institucional se ha situado en trincheras en cuanto a la decisión de los accionistas del Sabadell. También sindicados y patronales han saltado a decir la suya, con una general oposición desde Cataluña -y más comprensión, justo es decir, desde el gran capital español-. Los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, han pedido en reiteradas ocasiones en el gobierno español que pare una operación que consideren que «solo tiene efectos perjudiciales». La representación de la parte social sufre, además, por las inevitables «consecuencias laborales» de una fusión que buscará aligerar, entre otras cuestiones, la carga estructural del banco resultante. Lo hará, además, en medio de una tensa negociación por el convenio colectivo de la banca, que ya despertó las movilizaciones de las plantillas antes de la primavera, y que permanece en el aire a la espera de nuevas reuniones entre las partes durante el mes de julio.
Las patronales catalanas, por su parte, ya han expresado su «frontal oposición» a la compra por parte de BBVA, alegando -tanto Pimec como Fomento del Trabajo- que «las grandes perjudicadas serían las pymes del país». El banco presidido por Josep Oliu es, justo es decir, uno de los protagonistas de la financiación bancaria de la pequeña y mediana empresa catalana. En este sentido, el presidente de la organización de la pyme, Antoni Cañete, ha reiterado en varias ocasiones que, para sus representantes, «el mejor es tener más opciones de financiación, no menos». Desde Bilbao, no obstante, han probado a calmar el tejido de negocio con un compromiso de mantener durante un año el crédito a corto plazo a las empresas que operan con el Sabadell en caso de que la OPA prospere. Con esta aprobación, Torres da un paso más en el objetivo de concentrar el tercero y el cuarto banco del Estado.
