La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha terminado haciendo lo que el campesinado pensaba que no se atrevería a hacer: con el Parlamento Europeo revuelto, y a la espera de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, Bruselas ha seguido adelante y ha puesto en marcha el tratado comercial con el Mercosur -o, al menos, la parte comercial, que afecta competencias exclusivas del ejecutivo comunitario-. La conservadora alemana se comprometió con los cuatro países de la zona comercial latinoamericana a poner en marcha el proceso para activar el pacto, cueste lo que cueste, «cuando ellos estuvieran listos«. Con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ansiosos por abrir las fronteras comerciales con el automóvil alemán y la química española, Bruselas ha tirado de la palanca. Ha facilitado el camino de la mandataria la aquiescencia entusiasta de sus aliados estatales, entre los cuales destaca el gobierno español. El grupo parlamentario de Sumar, sin embargo, intentó que no fuera así: una propuesta no de ley de la izquierda castellana llegó a la Comisión de Agricultura el pasado miércoles para instar a la Moncloa a no permitir la aplicación provisional del pacto transatlántico. Los de Yolanda Díaz recibieron los apoyos de las izquierdas soberanistas y, especialmente, de los partidos catalanes, Junts y Esquerra Republicana, que han trasladado a la cámara las demandas del campesinado. Aun así, los grandes partidos españoles -ya acusados en las tractoradas de «asesinar» el campo– han impedido cualquier oposición: la proposición cayó ante la oposición de PSOE y PP, grandes valedores de las importaciones masivas al sector cárnico.
En sus intervenciones, los diputados popular y socialista han transmitido las posiciones de sus familias políticas en Estrasburgo. El representante del PSOE en la comisión, Rufino Sancho, aseguró que los temores del campesinado respecto del Mercosur son infundados. Sancho, agricultor y ganadero -y muy crítico, históricamente, con la apertura comercial hacia el Cono Sur- sostuvo que la redacción del pacto que se ha firmado con los presidentes latinoamericanos garantiza la seguridad del campesinado. «Es una oportunidad para el campo, y los pequeños agricultores están protegidos. No tengamos miedo, el acuerdo es positivo», reiteraba. Según el diputado, las cláusulas de salvaguarda y la capacidad de los países de desactivar el tratado si hay desequilibrios comerciales son suficientes para que el negocio de los pequeños productores no sufra en adelante. Además, las cláusulas de prudencia deberían bloquear aquellos alimentos que hayan sido tratados con químicos prohibidos en la UE -como el clembuterol- en la frontera.
Por su parte, la diputada conservadora, Milagros Marcos, ha aprovechado el debate para enaltecer a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien adjudica el mérito de que «los líderes del PP europeo se comprometan a reducir exigencias ambientales, aumentar la PAC y elevar los controles en origen y en frontera» para la producción agraria latinoamericana. «Ahora se entiende por qué los comunistas han querido recurrir el tratado del Mercosur: querían torpedear las garantías alcanzadas por el Partido Popular», acusaba Marcos; que también ha tenido palabras para la extrema derecha: «Sorprende que Vox haya votado a favor de este embrollo».
Jordà: «Cambiaremos el ‘Mago Pop’ por el ‘Mago Feijóo’
En la bancada contraria al acuerdo del Mercosur, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Teresa Jordà, aprovechaba para denunciar los giros argumentales de los populares; así como el apoyo incondicional del ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los más entusiastas a favor del acuerdo. «Para el gobierno todo es maravilloso, y para la oposición todo es maravilloso gracias a su magia», ironizaba la exconsejera de Acción Climática de la Generalitat; que ha caricaturizado la hagiografía que Marcos ha dedicado a su líder estatal: «Tendremos que sustituir al Mago Pop por el Mago Feijóo«. A juicio de la republicana, el apoyo al acuerdo del Mercosur es -contra el criterio de los socialistas- «traicionar al campesinado». «Imponen más controles y más costos a los agricultores locales, pero abren las puertas a productos que no los cumplen», ha contradicho. Similar ha sido la lectura del representante de Junts, Isidre Gavín, que considerando que «muchos sectores de la agricultura catalana, y también del Estado, saldrán perjudicados». En este sentido, ha cuestionado la actuación de Sánchez y el ministro de Agricultura, Luis Planas, en relación con el campesinado: «no tienen ni idea de cómo funciona el sector agrario ni ganadero, ni en Cataluña ni en el Estado», lamentaba.
Tanto Gavin como Jordà, más allá de sus críticas al tratado como tal, han disparado contra la aplicación exprés que ha querido imponer la Comisión Europea. El tratado, cabe recordar, tiene dos partes: una primera, estrictamente comercial, responsabilidad única de la CE; y una segunda, más política y con componentes inversores, que debe pasar sí o sí por los parlamentos nacionales. Ahora bien, el Europarlamento aún tiene que decidir sobre la primera mitad del pacto; y parte de las fuerzas políticas nacionales ve el movimiento de Von der Leyen como un signo de desprecio por las soberanías de cada uno de los 27. En este sentido, el representante de Junts aseguraba que «la ratificación no tendría ningún sentido» con una aplicación provisional; mientras que la republicana lamentaba que una entrada en vigor sin acuerdo «no garantiza de ninguna manera el cumplimiento de las cláusulas de salvaguarda» que deben servir de filtro -cuestionado- para el mercado local.
El campesinado, en llamas
Como ya adelantó Món Economia, las entidades del sector agrario catalán estaban preparadas para volver al camino de la protesta si Bruselas seguía adelante -una opción que, cabe decir, entidades de la talla de Unió de Pagesos o el Gremio del Campesinado veían muy lejana cuando comenzó a recorrer los pasillos institucionales de la UE-. Tras conocerse el anuncio de la presidenta, desde la entidad mayoritaria del sector en el Principado han instado a los estados a «rechazar la aplicación provisional del tratado». «Ninguna de las medidas anunciadas por la CE comportan ninguna salvaguarda real que no existiera antes de la firma del acuerdo», lamentan los campesinos catalanes; que llegan a reclamar a los gobiernos que «pidan la dimisión» de Von der Leyen por esta huida hacia adelante. En cuanto a los partidos españoles, UP ha denunciado «la postura de los dos partidos mayoritarios» en el Estado; una posición que «contribuye a la línea de Bruselas». Además, les reprochan que «no respeten la decisión del Parlamento Europeo de poner el texto en manos del TJUE».
Como ya ha explicado Von der Leyen, sin embargo, el anuncio del pasado viernes solo era un punto de partida. El proceso para poner en marcha el tratado durará aún hasta dos meses; y estará pendiente de las decisiones primero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, después, del Europarlamento. La mandataria ha reconocido que esta entrada en vigor es «por definición, temporal y limitada»; y deberá ser convalidada por las fuerzas políticas en Estrasburgo y aprobada por los jueces de los 27. Los campesinos continuarán presionando en este sentido, y fuentes del campo catalán aseguran, en conversación con este diario, que tienen «indicaciones» por parte de miembros de la cámara de la UE, también de los partidos mayoritarios, que ahora mismo tienden hacia un voto en contra, incluso si pasa el filtro de la justicia.
