Los pescadores catalanes recuperan el aliento después de semanas de tensión con la UE por las cuotas sectoriales del Mediterráneo. La federación de cofradías de pescadores en Tarragona celebra la decisión de abrir 143 días de pesca en el Estado. Un calendario más restrictivo, según el secretario de la entidad, Xavier Domènech, «no se habría entendido». En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, Domènech ha alabado los esfuerzos negociadores de la industria, que ha ido a la mesa «con los deberes bien hechos». A pesar de la buena noticia, Domènech apunta que quedan lagunas en el acuerdo. Entre otras cuestiones, critica la «incertidumbre» que provoca el pacto, que solo se aplicará durante el próximo año. «Nadie puede plantearse hacer una inversión a un año vista como unas puertas reguladoras. Si la haces, esperas que esto te dé un mínimo de cinco años de margen para obtener beneficios», ha argumentado.
Para Domènech, la concesión de 143 días de pesca activa permite «planificar» el año «con un poco de seriedad». «Con nueve días no podías planificar nada. Nos ayudará a continuar con la actividad y esperamos que las capturas sean como ahora», ha subrayado. El acuerdo, cabe decir, no responde del todo a las expectativas del sector, que pedía hasta 180 días anuales, aunque es una mejora sustancial respecto a la anterior propuesta, que recortaba a poco menos de 10 las jornadas de trabajo.
Cambio generacional
Vista la nueva realidad para la pesca, Domènech reclama a las administraciones medidas para «promover el relevo generacional» para mantener la actividad pesquera en el país. «Si no hacemos atractivo que la gente trabaje estos nueve meses del año, cambiará de oficio», ha advertido; en tanto que, con una propuesta draconiana como la que ofrecía Bruselas antes, no se cumple el deseo de «estabilidad y seguridad» laboral que buscan los pescadores. En este sentido, celebra la intención de modificar el reglamento de pesca europeo que han mostrado los países, aunque insta al sector a prepararse para una lucha larga, en tanto que «no será un cambio inmediato». «La experiencia nos dice que será muy lento, nos viene una temporada larga de continuar sufriendo», ha lamentado.
Agravios territoriales
El cambio de rumbo de Bruselas ha sido recibido con actitudes diferentes en las diversas regiones pesqueras del Estado. Para el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, el acuerdo es una «buena noticia» para el sector de la pesca, aunque insiste en que las administraciones deberán continuar trabajando «por una política pesquera en la Unión más favorable al Mediterráneo». Su homólogo valenciano, Miguel Barrachina, ha celebrado que la Comisión se haya echado atrás en la propuesta de los 9,7 días, que era «inviable para el sector». El popular ha disparado contra el PSOE y sus aliados europeos, denunciando que los retrocesos en jornadas laborales en los últimos cinco años responden a «un plan socialista del Mediterráneo que ha liderado una etapa de recortes injustificados». También el Gobierno balear se ha mostrado «satisfecho» con la reforma, que delata, a su parecer, «un cambio de actitud en la CE». A diferencia de la derecha valenciana, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha alabado «las gestiones hechas desde el ministerio de Agricultura, con el apoyo de las comunidades».
Menos entusiasmo ha causado el anuncio en Euskadi, que ya ha anunciado que pondrá en marcha ayudas para evitar pérdidas económicas entre los pescadores. La consejera de Alimentación del gobierno vasco, Amaia Barredo, considera necesario «amortiguar las pérdidas» que causarán los 143 días; y se plantea incluso «paradas temporales» de la actividad pesquera en los tres territorios históricos. También la Junta de Andalucía considera que el acuerdo es «insuficiente y agridulce» para los pescadores, en tanto que deja atrás los 9,7 días, pero no aborda los problemas estructurales del sector. «El futuro de la pesca andaluza se dirime a miles de kilómetros de nuestra casa»; ha criticado el consejero Ramón Fernández-Pacheco. Finalmente, la Xunta de Galicia considera que el pacto «no es nada satisfactorio», y reclama también «mecanismos para ayudar al sector» a aumentar sus posibilidades de pesca. «Es una reducción sustancial para nuestra flota», ha criticado la conselleira do Mar, Marta Villaverde.
