Se ha acabado el tiempo para las negociaciones entre Generalitat y gobierno español para pactar el índice de regulación del precio del alquiler. Moncloa, finalmente, optará para establecer un modelo de referencia «homogéneo» en todo el territorio del Estado. El ejecutivo de Pedro Sánchez ignora así las peticiones de la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, que pedía «sobreponer» el índice elaborado por el Gobierno por encima del establecido por Madrid. El argumento de la consejera contemplaba lo hecho diferencial del mercado del alquiler catalán, y la mayor tensión que sufre respecto de otros territorios, con hasta 140 municipios en cumplimiento de los requisitos porque se aplique la regulación de precios. Contra esta lectura, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana David Lucas ha argumentado que «el objetivo del Índice es para todo el Estado; por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo para homogeneizar la propuesta, el sistema, y que sirva para todo el territorio».
Según Lucas, el sistema de indización de precios pretende «servir de elemento corrector ante la situación que se vive en el ámbito de la vivienda». Hay que recordar que, hoy por hoy, la catalana es la única administración que ha pedido que se aplique la nueva ley; por lo tanto, a corto plazo, esta referencia homogénea de precios solo afectará las viviendas catalanas, a pesar de estar conscientemente dedicada a acomodarse a los varios mercados del Estado. A pesar de acabar ignorando la propuesta catalana, el secretario de Estado lo ha alabado, todo declarante que, desde el ministerio, se han «nutrido de los déficits y aciertos cuando estuvo vigente su índice de precios de referencia». Tanto es así que, entre las voces expertas consultadas por Moncloa para elaborar la norma, constan técnicos de vivienda de la Generalitat.
Críticas de la Generalitat
Los argumentos del ministerio, pero, no han llegado a convencer CapElla. En un viaje de urgencia para reunirse con la titular del ramo Isabel Rodríguez, la consejera de Territorio ha lamentado esta uniformidad reguladora, en cuanto que «el mercado de la vivienda es diferente en cada territorio». Así, una medida útil en Extremadura puede no serlo en Cataluña -de hecho, según Capella, la norma actual «no servirá para bajar los precios» en el país precisamente por esta disfunción. Desde el Gobierno lamentan, además, la incorporación de un rango de precios al índice, hecho que permite más margen de subidas a los locatarios por parte del propietario. Las zonas tensadas tenían, en la propuesta catalana, una sola cifra concreta como límite material.
Moncloa celebra la ley
Fuera de la propuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez han quedado solo el País Vasco y Navarra, por su régimen fiscal singular -en cuanto que el sistema de regulación de precios proviene de la Agencia Tributaria-. Todo y las críticas, el secretario de Estado ha prometido que el nuevo sistema «tendrá efectos en las áreas tensadas», tanto en cuanto a un tope de precios como la seguridad de los contratos. No solo en las zonas tensas, pero, en cuanto que allá donde el precio está por debajo de los límites calculados por Moncloa, el índice tiene que servir como «referencia de precios» para los propietarios.
