Los informes técnicos de los expertos dan luz verde a «limitar» la compra especulativa de pisos en las zonas más tensionadas. Así lo indican los cuatro informes de los expertos y el dictamen del exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer encargados por el grupo de trabajo formado por el Gobierno, los Comunes y especialistas. Este aval, pues, supone un paso más en las negociaciones de la formación que encabeza Jéssica Albiach y el ejecutivo de Salvador Illa para desbloquear los presupuestos, ya que regular la compra especulativa de viviendas es una de las principales condiciones que los Comunes han fijado para apoyar las cuentas.
El informe firmado por Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, parte de la tesis de que en Cataluña «es urgente condicionar la compra de vivienda al uso residencial, especialmente en mercados tensionados». El objetivo, según indica, es priorizar dos formas de demanda: las personas y familias que quieren vivir allí y, por otro lado, la demanda pública o social orientada a satisfacer esta necesidad como por ejemplo el sector público o cooperativas. Así pues, el informe concluye que hay que «desplazar» la demanda especulativa que no contribuye a resolver la demanda residencial de estas zonas. Una tesis muy similar al informe que firma Rosa Fornes, que también propone definir la vivienda residencial como “la vivienda que constituye el domicilio permanente de la persona que la ocupa y que puede acreditarse a través de los datos del padrón municipal u otros medios válidos en derecho”.
Los expertos ven apoyo jurídico
Los expertos también sostienen que regular la compra especulativa sí que es procedente a nivel jurídico, ya que se integra de manera coherente en la concepción institucional del derecho de propiedad. De hecho, el informe firmado por Fuensanta Alcalá defiende que limitar la compra de pisos en las zonas tensionadas es «jurídicamente viable y se inserta de manera coherente en el ordenamiento vigente sin que se desprenda ninguna vulneración constitucional apreciable». Ahora bien, también señala que la norma no regula relaciones entre privados y no redefine derechos subjetivos civiles sino que «condiciona el uso funcional de un bien inmueble en función de su emplazamiento urbanístico, igual que otras cargas urbanísticas plenamente consolidadas». En este sentido, el último informe, firmado por Pablo Feu, concluye que Cataluña puede limitar la compra de viviendas «siempre que se asegure que tal limitación es temporal y sin vocación de permanencia y obedece a una causa objetiva de extraordinaria y urgente necesidad explícita, justificada y razonada».
El grupo de trabajo también encargó un informe al experto constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer sobre la limitación del derecho de propiedad privada en materia de vivienda. El informe, que analiza diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, hace referencia a una sentencia sobre la regulación de la comunidad autónoma de Andalucía en vivienda para concluir que el «derecho vigente» admite la constitucionalidad «de una notable diversidad de limitaciones» de los derechos de propiedad privada en vivienda así como un «grado elevado» para incidir en las limitaciones al derecho a la propiedad privada. Ante las conclusiones de los expertos, los Comunes instan al Gobierno a ser «valientes» en la lucha contra la compra especulativa: «Nos encontramos una vez más tirando de la cuerda (…) y esperamos de verdad que al otro lado haya alguien que sea consciente de la necesidad y de la urgencia de sacar adelante esta medida», exclama Jéssica Albiach.
