La nueva ley de la vivienda del Estado español ha superado este jueves el trámite parlamentario entre las reticencias de todos los afectados. Tanto el sector inmobiliario -empresas especializadas, pero también grandes tenedores- como los locatarios y sus organizaciones hace tiempos que exponen los motivos -divergentes- para un rechazo conjunto a la regulación inmobiliaria aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Mientras que inmobiliarias y rentistas alertan, junto con la oposición a Madrid, de «el exceso de intervencionismo» que se esconde detrás de la norma, los movimientos sociales a favor del derecho a la vivienda condenan la muchedumbre de puntos ciegos que se han quedado dentro del texto y que evitan que este «garantice el derecho a la vivienda».
Asociaciones empresariales y consumidores reflejan las tensiones políticas y económicas en el centro de la regulación de la vivienda. Si bien voces del gobierno español han calificado la norma de «adelanto histórico», asociaciones empresariales han reiterado las acusaciones de «populismo» por una norma que consideran «ineficaz». Sin ir más lejos, el presidente de Fomento del Trabajo Josep Sánchez Llibre puso este mismo texto como ejemplo de la extralimitación de que acusan el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez con varios mercados clave en el Estado. Justo es decir que las económicas no son las únicas reticencias que levanta la nueva ley: fuerzas políticas vascas y catalanas han acusado Moncloa de invadir las competencias de los gobiernos regionales con los límites del aumento de precios en zonas tensionades. La ministra de Hacienda Maria Jesús Montero, pero, niega que haya ningún tipo de conflicto competencial, a pesar de asegurar que «la ley se cumplirá en todo el territorio, a pesar de que tienen margen a la ley para ejercer o no».
Un parche al mercado de la vivienda
Tanto el Sindicato de Locatarias como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han tomado una posición crítica con una ley que, aseguran, «no promete el cumplimiento del derecho a la vivienda». Según la entidad, de hecho, «el abismo entre los precios y los salarios continuará creciendo» con las medidas actuales. Cuestiones como la distinción entre pequeños y grandes tenedores, que solidifica la nueva ley, no tienen «ningún tipo de sentido ni cimiento» para las entidades. «El que hace falta es poner límite a todos los que especulan para proteger el conjunto de la población», aseguran.
Durante una comparecencia este mismo jueves, el coportavoz del Sindicato de Locatarias Jaume Palomera ha insistido a los «agujeros» de la norma. Según Palomera, la norma es «solo un parche con defectos serios» que no garantiza el acceso a la vivienda. De hecho, asegura que el texto lo trata «como un privilegio extendido, no como un derecho», cosa que aumenta el riesgo de las ejecuciones hipotecarias, especialmente en un contexto de endurecimiento de política monetaria y subidas del euríbor.
En un sentido similar se han expresado los dos sindicatos mayoritarios en el Estado, la UGT y Comisiones Obreras. Si bien los representantes de los trabajadores celebran la norma como un buen «punto de partida» para la regulación de la vivienda, critican carencias como por ejemplo la débil prohibición de desahucios sin alternativa residencial. También apuntan que la movilización de activos de la Sareb anunciada por Pedro Sánchez, que pretende elevar el parque de vivienda asequible en 50.000 inmuebles procedentes del banco malo, es insuficiente, en cuanto que harían falta entre un millón y 1,4 millones de localizaciones.
Acusaciones de populismo
A la otra banda de las críticas a la ley se sitúa el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad. El gremio profesional alerta que las medidas de control de precios que introduce la reforma «desestabilizan el mercado inmobiliario, generarán más inseguridad y desconfianza». Además de los efectos sobre las potenciales ganancias de los rentistas -aseguran que la ley «olvida el propietario»- el Coapi asegura que «no soluciona el problema real de acceso a la vivienda». A diferencia de las consideraciones de los locatarios, el lobby de los agentes inmobiliarios razona que poner a las cinco viviendas el límite para la consideración de gran tenedor «desvirtúa el concepto en sí y la finalidad reguladora».
Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña critican la entrada de la regulación al mercado inmobiliario. Después del anuncio del acuerdo por la ley, la entidad reclamó que las administraciones «dejen de traspasar su responsabilidad al sector privado»; criticando las intervenciones de precios como solución para arreglar la rendija residencial. En este sentido, reclaman medidas «realmente efectivas» -dedicadas, justo es decir, a mejorar los márgenes de los propietarios y las empresas del sector-, como por ejemplo incentivos fiscales a los propietarios o una mejor colaboración publicoprivada en la hora de construir y gestionar promociones.
También se ha pronunciado Pisos.com, que a través de su portavoz Ferran Font ha tildado la ley de «oportunidad perdida». «No se ha contado con el sector para salir adelante la nueva ley», critica Font, alertando que su aplicación será «muy dudosa». Extremadamente crítico con los objetivos del ejecutivo español con la legislación, el portal inmobiliario considera que «ofrece más titulares que efectividad real en la mejora del acceso a la vivienda».
