El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado que la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) pondrá en marcha una bolsa de vivienda en municipios rurales, y subvenciones para la rehabilitación de equipamientos y viviendas en desuso para recuperar unos 100 cada año, hasta 2029. Es decir, un total de 400 inmuebles. Es lo que ha denominado el “Incasòl Rural”, “una división específica de apoyo a los ayuntamientos rurales para agilizar los procedimientos y atender las necesidades específicas del mundo rural en vivienda y urbanismo”.
El presidente lo ha adelantado durante su intervención en el I Encuentro de Municipios Rurales en Sant Fruitós de Bages (Bages), que ha reunido a más de 300 alcaldes y representantes municipales, así como de los consejos comarcales y de las entidades municipalistas, en el que se ha abordado el despliegue del Estatuto de municipios rurales, aprobado a finales de julio. También han participado los consejeros de la Presidencia, Albert Dalmau; Economía y Finanzas, Alícia Romero; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y han asistido una decena de diputados del Parlamento.
El Estatuto contempla medidas de apoyo a 608 de los 947 municipios de Cataluña –el 64%– que tienen menos de 2.000 habitantes, de los cuales 381 son de especial atención porque su población está por debajo de las 500 personas. Illa ha destacado la necesidad de “empoderar a los alcaldes y alcaldesas” porque, según ha apuntado, son ellos quienes gobiernan en los municipios y tienen la confianza de la ciudadanía. “Se trata de las primeras medidas para desplegar el Estatuto de municipios rurales”, ha apuntado el presidente de la Generalitat para “entender y atender Cataluña desde los municipios que mantenéis vivo todo el territorio”.
Alquiler “asequible y protegido”
Con el objetivo de repoblar los municipios rurales y potenciar el arraigo, se impulsarán medidas en el ámbito de la vivienda, que el Consejo Ejecutivo del próximo martes aprobará. Se creará a través de la AHC una bolsa de vivienda rural para movilizar viviendas vacías, en colaboración con los consejos comarcales, y se plantean ayudas para la rehabilitación. Concretamente, se desplegarán 20 millones de euros hasta 2029 en forma de subvención para que equipamientos municipales (antiguas escuelas, por ejemplo) o viviendas particulares que no estén en condiciones se puedan rehabilitar, para destinarse a vivienda habitual o para ponerlos en alquiler a precio “asequible y protegido” durante al menos diez años.
Se pretende rehabilitar hasta 100 equipamientos o viviendas cada año en estos municipios, en un formato de subvención con cofinanciamiento, aunque Illa no ha concretado los porcentajes previstos. Desde el ejecutivo asumen que el éxito de estas medidas dependerá en parte de la aprobación de unos nuevos presupuestos, que no han comenzado a negociar con Esquerra Republicana y Comuns. Los dos socios prioritarios del Gobierno exigen cumplimientos en financiación y vivienda antes de sentarse a negociar.
Asistencia a los consistorios de los municipios rurales
Otro de los problemas que ha detectado el Gobierno para el impulso de la vivienda en el medio rural son las dificultades en las tramitaciones y las gestiones vinculadas a este ámbito por parte de los ayuntamientos, por la falta de medios y funcionarios. Por eso, pondrá en marcha, a través del Incasòl, un equipo inicial de seis profesionales (arquitectos, ingenieros y juristas) que se dedicarán de manera exclusiva a prestar asistencia a los consistorios de estos municipios rurales y de consejos comarcales. Colaborarán en la tramitación y gestión de planeamientos urbanísticos, en recuperar núcleos antiguos abandonados o despoblados y en rehabilitar espacios y viviendas.
Por otra parte, el Gobierno prevé aprobar durante el primer trimestre de 2026 para su posterior tramitación en el Parlamento una nueva Ley de Territorio que plantee distinciones en las planificaciones urbanística y territorial para agilizar su gestión y tramitación en estos municipios. La intención es adaptar el marco legal de esta norma a la realidad actual –se inició un borrador en 2014, y no se ha aprobado– para que incorpore la «mirada de los municipios rurales». Asimismo, el ejecutivo está estudiando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan disponer de Infraestructures.cat, la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, para la elaboración de licitaciones y proyectos. Esto, según el ejecutivo, se articularía a través de la compra a un precio simbólico de acciones de la empresa pública y en convertirse en socios.
