El Govern continúa expandiendo su cartera de vivienda social con activos del sector privado. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la compra de 1.064 pisos de InmoCaixa, la gestora de activos inmobiliarios de CaixaBank, para añadirlos al parque de vivienda protegida permanente. Según ha concretado Illa en una conferencia en Sabadell, la operación ha supuesto un gasto de poco más de 87 millones de euros. Los pisos quedarán en manos del Instituto Catalán del Suelo, que será el encargado de operarlos para la oferta pública.
Para el jefe del ejecutivo, la compra contribuye a «garantizar la estabilidad residencial de las personas que viven en las viviendas». De este modo, la Generalitat evitará nuevas subidas de la cuota mensual para los inquilinos que ya ocupan algunos de estos inmuebles, situados en Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera y Sabadell (Barcelona); Olot (Girona); Lleida y Tarragona. Con este anuncio, el Govern ya acumula más de 2.000 viviendas adquiridas en el último curso.
La vivienda «como un derecho»
En su intervención en las jornadas sabadellenses, Illa ha reiterado que la vivienda es «la principal preocupación» de su ejecutivo en la legislatura. «Es el primer factor de desigualdad» que sufre la sociedad catalana, ha alertado. En este sentido, ha reivindicado un «cambio de paradigma» en la gestión residencial catalana: «¿De qué sirve generar prosperidad si no garantizamos un acceso a la vivienda como un derecho en lugar de como un negocio?», ha cuestionado -en pleno debate por la posible prohibición de la compra de inmuebles para «especular»-.
Más allá de la regulación, Illa confía buena parte de su hoja de ruta residencial en la nueva construcción. En línea con su primera promesa como presidente, erigir 50.000 nuevas viviendas en el Principado, ha destacado que, solo en el Vallès Occidental, hay solares para construir unas 2.600 viviendas nuevas. Muchos de estos espacios, ha recordado, han sido cedidos por los ayuntamientos al Incasòl para activarlos hacia la mejora de la oferta de vivienda protegida.
