El Consell de Garanties Estatutàries acepta la regulación del alquiler de temporada. En un dictamen emitido este mismo jueves, el órgano consultivo ha rechazado el recurso que presentaron Junts y el Partido Popular en 2024. Sí cuestiona uno de los puntos de la normativa, que se refiere a la prórroga automática de los pisos de protección oficial en zonas tensionadas, que podría violar el principio de seguridad jurídica. Para cambiar esta cuestión, alerta el Consell, «se necesitaría una norma con rango legal» específica.
El dictamen del CGE niega las reclamaciones del PP al concluir que la regulación no contradice ni el Estatuto ni la Constitución, y encaja dentro de las competencias de la Generalitat en materia de derecho civil. Por lo tanto, considera que el Gobierno ha ejercido «correctamente» sus competencias «sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento». En cuanto al recurso de Junts, que denunciaba que la regulación no haya sido incluida en el Código Civil de Cataluña, el Consell otorga al «legislador» la libertad de agregar o no una norma nueva. Sí les da la razón en el ámbito de la prórroga automática de contratos de las viviendas de protección oficial en zonas tensionadas, para la cual se necesitaría una figura legal con rango más alto.
La regulación pactada
La nueva normativa de alquileres de temporada, cabe recordar, se instauró a raíz de un pacto entre el PSC, ERC, los Comuns y la CUP, que acordaron una proposición de ley para evitar que los propietarios expulsen sus inmuebles al mercado temporal para mejorar aún más las rentabilidades financieras de los activos. Para hacerlo, otorgan la categoría de vivienda permanente a cualquier piso o casa que se destine a «satisfacer la necesidad de vivienda, con independencia de su duración».
Además, obliga a hacer constar en los contratos el carácter «recreativo, de vacaciones o de ocio» que debe ir vinculado al alquiler temporal. Así, bajo la ley, serán considerados vivienda permanente también los pisos arrendados para estancias temporales por motivos profesionales o de estudios, que ya no podrán sobrepasar la renta máxima establecida por la ley española de vivienda, que aplica en Cataluña.
«Un gran paso»
Los grupos parlamentarios que presentaron originalmente la medida -PSC, ERC, Comuns y CUP- han celebrado el visto bueno del CGE para llevar adelante la regulación. La diputada de la CUP Laure Vega ha denunciado el papel de «las derechas catalana y española» por haber recurrido «una ley que blinda los derechos» de los inquilinos. Similar ha sido la reacción de la diputada republicana y exconsejera de Territorio, Ester Capella, para quien las protestas ante el Consell eran un movimiento de «los de siempre», en referencia a PP y Junts. Por su parte, la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, ha anunciado que «solicitarán todos los recursos para poner fin al fraude» que utilizan los propietarios para evadir las normativas residenciales.
También el Sindicato de Inquilinas ha elogiado la decisión del CGE. El portavoz de la entidad, Enric Aragonès, ha instado a las instituciones a demostrar que «Cataluña tiene soberanía y capacidad para implementar la regulación y hacerla efectiva». Sin embargo, ha alertado que, de la misma manera que ha habido actores políticos que han querido echar atrás la medida, todavía puede haber «intentos del Tribunal Constitucional» por «pisotear el Parlamento y recortar conquistas».
