Dos años después de las marchas campesinas que bloquearon Europa, con una representación especialmente nutrida -y políticamente singular- en Cataluña, el campo del Estado sigue sufriendo los mismos agravios. Si las reclamaciones del sector primario se han mantenido a lo largo de los años sin especial variación es, según insisten voces del sector, porque ninguna de sus demandas se acaba de aplicar, a pesar de lo que pueda parecer en las semanas inmediatamente posteriores a cada uno de los estallidos sociales que han protagonizado a lo largo de los años. Un mes y poco después de la Revuelta Campesina de 2024, el ministro de Agricultura, Luís Planas, firmó con el coordinador estatal de la entidad confederal Unión de Uniones, Luís Cortés, un acuerdo que prometía a los productores el cumplimiento de 43 puntos relacionados con los principales dolores que habían denunciado en las calles, desde el control de las importaciones hasta una aplicación más severa de la ley de la cadena alimentaria, que forzara a la gran distribución a abonar precios justos a las explotaciones agrícolas por sus productos. Este miércoles, de nuevo con el centro de Madrid colapsado, Cortés ha estallado: «Planas firmó conmigo un acuerdo hace ahora dos años que no se está cumpliendo«, ha denunciado, flanqueado por 500 tractores y cerca de 9.000 manifestantes que, en palabras de las entidades, «no están dispuestos a arruinarse» por las preferencias políticas del ejecutivo socialista. «El ministerio nos queda muy lejos«, aseguraba a Món Economía una fuente agraria del Principado.
La herida de los campesinos que más duele -por reciente y por grave- es la aprobación del tratado comercial con el Mercosur. La entrada en vigor de la zona de libre comercio sería, a ojos de las entidades campesinas, una amenaza de muerte para la producción local. El pacto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, cabe recordar, superó los diversos escollos políticos a mediados de enero, cuando la Comisión Europea garantizó el apoyo de una mayoría calificada de países miembros en el Consejo Europeo. La batalla política no terminó allí, sin embargo: el Europarlamento lo ha elevado, a instancias de las izquierdas y los liberales, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se deberá dirimir si las concesiones a las potencias latinoamericanas encajan con los tratados fundacionales de la Unión Europea.
En medio de este enfrentamiento, el gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha sido el gran abanderado del tratado, y ha llegado a reclamar a Bruselas que ignore el proceso judicial y siga adelante con su aplicación. Una propuesta que fuentes de la agricultura catalana denuncian como «un gesto antidemocrático, al más puro estilo de los Estados Unidos». Desde Unió de Pagesos, organización mayoritaria en el campo del Principado -y parte central de Unión de Uniones-, han criticado lo que consideran un «papel lamentable» de la Moncloa, a quien reprochan una ausencia total en «la defensa de la agricultura europea frente al Mercosur». Esta defensa de la zona de libre comercio ha servido, según las fuentes consultadas, para fracturar aún más las relaciones entre el sector y el ministerio, con un «distanciamiento» que «siempre ha existido».
«Maltratados y engañados»
Según ha explicado a Món Economía el coordinador nacional de la JARC, Joan Carles Massot, la relación con el departamento de Planas en términos del tratado del Mercosur «no ha sido fluida» desde el principio. Cabe decir que el tratado original con Unión de Uniones incluía ciertas garantías respecto al contacto comercial con América Latina, como las ya denostadas «cláusulas espejo», que debían imponer a todos los productos importados las mismas condiciones sanitarias, laborales y de seguridad alimentaria que se aplican a carnes y vegetales europeos. Este tipo de cláusulas quedan fuera de las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio, y deberían aplicarse con el consentimiento de la otra parte del acuerdo. Un consentimiento por parte de los países latinoamericanos que nunca ha estado ni siquiera cerca de garantizarse, hasta el punto de que las cláusulas han desaparecido del debate público. Para Massot, la poca eficacia de Bruselas a la hora de negociar las condiciones de la alimentación local responde a «pactos entre países de la UE, y a la presión que ejercen ciertos vectores externos», como la industria automovilística alemana o la química del sur de Europa, principales beneficiarias del levantamiento de aranceles con el Mercosur.
Desde el Gremi de la Pagesia de Catalunya, la organización que dio jerarquía a la Revuelta Campesina de 2024, lamentan que «en ningún momento» han logrado interlocutar con el ministerio. A pesar de su crecimiento en el seno del campo catalán, no forman parte de ninguna de las organizaciones representativas del sector agrario español -como son COAG, Asaja o la misma Unión de Uniones-. A pesar de haber intentado reunirse con Planas para trasladarle los problemas específicos de la agricultura catalana, critican que «no han sido recibidos» por la máxima autoridad española. En este sentido, el portavoz de la entidad, Eduard Escolà, extiende al conjunto del campo del Principado una sensación de «maltrato y engaño». «Parece extraño que un país con tanta capacidad productiva no defienda el sector primario y opte por los intereses de otros sectores», observa el campesino. Más vehemente, Massot insta a las instituciones españolas a «ser transparentes sobre las dobles intenciones que hay en sacrificar un sector agroalimentario tan potente» como el del Estado.
La interlocución, observa la agricultura catalana, es más fluida a escala Generalitat. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ya ha recibido en dos ocasiones a los representantes de las organizaciones del territorio -también del Gremi, a pesar de no formar parte aún de las mesas agrarias-. Las organizaciones consultadas reconocen que en Barcelona hay más «voluntad política» de escuchar las necesidades del sector, si bien no ven que los compromisos que se alcanzan lleguen a buen puerto. «Vemos muy claramente que las órdenes políticas se estrellan cuando llegan al nivel técnico», critica Escolà, quien constata la «sensación de engaño» también en el ámbito local. «Son la filial del partido que manda en España, queremos trasladarles una posición clara para que la trasladen», reflexiona el representante del Gremi. Massot, por su parte, concede que la comunicación es mejor con el responsable inmediato, si bien alerta que «pinta entre poco y mucho» en lo que respecta a las atribuciones competenciales en el ámbito del comercio internacional. También le reprocha su incapacidad para presionar al ministerio, dado que comparten color político. «Ni nos planteamos invitar al conseller a posicionarse contra el ministro, porque sabemos que no lo hará», zanja el coordinador de la JARC.
Medidas o movilizaciones
Para Massot, el camino es continuar ejerciendo presión por los canales representativos de las administraciones. El representante campesino reconoce que la apertura comercial internacional no es intrínsecamente negativa; solo hace daño si se abandonan las necesidades de sectores concretos, como, a su parecer, hace el Mercosur con el primario. En este sentido, reconoce que el tratado «entrará en vigor tarde o temprano», e insta a las organizaciones campesinas a reformarlo hasta que recoja el máximo de sus peticiones como sea posible. Escolà, por su parte, se guarda la carta de la movilización, y espera verla replicada fuera de las fronteras catalanas, como ya ocurrió en 2024. Las marchas de las últimas semanas, que incluso han llegado hasta Bruselas, «ponen de manifiesto el agravio que causa el tratado, así como el resto de problemáticas del sector». En este sentido, llama a presionar en la calle hasta que se pongan negro sobre blanco «más garantías» para los productores locales. No obstante, lamenta que pueda haber una cierta falta de fuerza, dado que el campo de una multitud de países de la UE -especialmente en Europa central- no ha tenido el mismo ímpetu para exigir mejores condiciones frente al Mercosur. «Si el movimiento fuera por toda Europa, habría más esperanza», razona el portavoz.
