El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reclama que se bloqueen 65.935 anuncios de pisos que se encuentran en Airbnb porque se consideran «ilícitos», ya que incumplen la normativa de publicidad de este tipo de alojamiento turístico. En un comunicado del Ministerio se detalla que ya han trasladado a la plataforma tres resoluciones para que deje de ofrecer estos alojamientos.
Desde el ministerio que dirige Pablo Bustindy se destacan tres razones para justificar la ilegalidad de más de 65.000 anuncios: algunos de los pisos anunciados no incluyen el número de licencia o registro -que supone la infracción más común-, en segundo lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades y por último las publicaciones de pisos no concretan si los propietarios que ponen los anuncios en la plataforma son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si el cliente está protegido como consumidor o no.
Medidas y colaboración con las administraciones
En su comunicado, Consumo asegura que colaborará con las administraciones públicas competentes para acabar con el «descontrol y la ilegalidad generalizada» que se da con estos pisos turísticos. En este sentido, la medida también propone blindar los derechos de los consumidores y favorecer el acceso a la vivienda.
Además, Consumo informa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre el primer expediente e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios, y que afectan también a otros territorios como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
Aparte de este reclamo por parte del ministerio, desde la Dirección General de Consumo se abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia. Además, en febrero de 2025 se abrió otro expediente sancionador a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
