El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por “posibles prácticas abusivas contra los inquilinos”.
Hace unos meses, Consumo abrió un expediente sancionador “a una gran agencia inmobiliaria” por las prácticas en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional. Aunque inicialmente no se hizo público el nombre de la empresa, Facua informó posteriormente que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la cual denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación actual.
En el procedimiento se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios. Entre estas irregularidades, Consumo destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el cual se encubre el cobro de un gasto que debería ser asumido por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro para el hogar y un estudio de solvencia económica.
El mercado de la vivienda genera «indefensión»
El ministro Pablo Bustinduy ha explicado que el Ministerio “tiene recursos limitados”, pero ha asegurado que “los pondremos siempre todos a disposición de asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley.” “En el mercado de la vivienda especialmente se ha impuesto una ‘ley de la selva’ en los últimos años que ha hecho que los inquilinos se vean en una situación de indefensión”, ha afirmado.
«Lo que se ha conocido hoy es una propuesta de sanción, uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio, y por eso no puedo posicionarme ni opinar sobre un procedimiento que está en curso», ha explicado Bustinduy en una entrevista esta mañana en TVE. El ministro también ha indicado que actualmente el gobierno español tiene varios expedientes e investigaciones abiertas que afectan a plataformas de alquiler turístico como Airbnb o Booking, así como a diversas inmobiliarias.
