La Comisión Europea (CE) ha reconocido que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del continente y, para combatir esta problemática social, apuesta por aumentar la financiación, reducir la burocracia y acelerar la construcción de vivienda, pero, en cambio, no prevé limitar el precio de los alquileres. Así, en el plan de vivienda asequible presentado este martes, el ejecutivo comunitario quiere dar vía libre a los estados para inyectar fondos públicos a la vivienda asequible sin la autorización previa de Bruselas porque considera que será necesario aumentar la oferta de vivienda. Hasta ahora, los estados debían pedir permiso a Bruselas si querían destinar más de 15 millones de euros a vivienda asequible, pero la CE ha optado por suavizar las normas catalogando la vivienda asequible como una actividad «de interés económico general».
Bruselas estima que será necesario construir 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década, además de los 1,6 millones que ya se levantan anualmente. Por ello, la Comisión apuesta por reducir la burocracia, acelerar los procesos de planificación y concesión de licencias y avanzar hacia normas técnicas más armonizadas, con el objetivo de reducir costos y plazos en la construcción. El paquete también incluye una estrategia europea para la construcción, orientada a mejorar la productividad del sector y a impulsar la vivienda modular y prefabricada, que Bruselas considera clave para reducir costos y acortar plazos, especialmente en vivienda social y asequible.
En el plan financiero, Bruselas invita a los estados miembros a reasignar más recursos a vivienda asequible mediante la revisión intermedia de los fondos de cohesión y prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros adicionales los próximos dos años. Además, propone una nueva categoría de vivienda asequible, dirigida a clases medias y trabajadores esenciales, que queda exenta de notificación previa a la Comisión, con el objetivo de facilitar su financiación sin verse limitada por las normas de ayudas de Estado.
No prevé actuar en limitar el precio del alquiler
En cambio, ha dejado fuera del plan la limitación de precios del alquiler y la creación de un fondo común europeo, como reclamaban países como España. El Ejecutivo comunitario no planea intervenir directamente en reglas del mercado de las llamadas zonas tensionadas, como reclamaban algunos Estados miembro, aunque sí que prevé dotar a los gobiernos de instrumentos para actuar en aquellos puntos con más presión, especialmente en relación con los alquileres de corta duración.
La estrategia pone el foco en el impacto de este tipo de negocio en auge, especialmente en zonas urbanas y turísticas, y reconoce que su expansión ha contribuido a reducir la disponibilidad de vivienda para los residentes locales en determinadas ciudades. Sin embargo, no plantea límites ni prohibiciones a escala europea. Simplemente, se remite al reglamento aprobado en 2024 –que entrará en vigor en 2026– para reforzar la transparencia y el intercambio de datos entre plataformas y administraciones, y anuncia una futura iniciativa legislativa para ofrecer un marco jurídico claro que permita a las autoridades locales adoptar medidas proporcionadas en zonas de alta presión.
