La Comisión Europea acepta los riesgos que supone el tratado comercial con el Mercosur para los ganaderos de la Unión. Cabe recordar que, según los documentos del ejecutivo comunitario, el sector bovino será la principal víctima de las importaciones sin aranceles desde los países miembros del espacio comercial latinoamericano, con Brasil y Argentina como principales protagonistas. En este sentido, y dada la creciente presión de agricultores y formaciones políticas ecologistas contra el acuerdo en su tratado actual, Bruselas ha comprometido un «control riguroso de las importaciones» de ganado, especialmente de terneras, y un «refuerzo de la vigilancia» de estas, tanto en el ámbito sanitario como a escala de mercado.
Desde el inicio de las protestas agrícolas a principios de 2024, una de las denuncias más sonoras de los movilizados era la intensa «competencia desleal» que sufren por parte de terceros países, con estándares ecológicos y de salud mucho más laxos que en el garantista sistema europeo. En este sentido, en el marco de la nueva estrategia agroalimentaria de los 27, la Comisión se ha comprometido a «tomar medidas» para garantizar «una mayor coherencia» entre las prácticas exigidas a los productores locales y las que dirigen las importaciones desde los países del Mercosur. Sin embargo, también abren la puerta a modificaciones de la legislación para acercar el estado de los ganaderos europeos a la coyuntura internacional del mercado. Entre otras cuestiones, el ejecutivo continuará con la frenada a las prohibiciones de productos biopesticidas que ya entraron en vigor la pasada primavera bajo la presión del campo de la Unión; así como agilizará el acceso a este tipo de soluciones cuando «no haya ninguna alternativa».
Aparte de las cuestiones de competencia, Europa también abre la puerta a solucionar desde Bruselas dos de las grandes denuncias de los agricultores: los precios abusivos que imponen las grandes cadenas de distribución alimentaria y la pesada burocracia que dificulta sus relaciones con la administración. En el primer caso, la Comisión se compromete, en el marco de su nueva estrategia, a elaborar una nueva directiva -de transposición obligatoria en todos los países miembros- para evitar «prácticas comerciales injustas» que obliguen a los productores a vender los alimentos por debajo de los precios de costo. En el segundo, el gobierno de Ursula Von der Leyen promete «un paquete transversal de simplificación legislativa» para agilizar los procesos normativos, que trascendería las fronteras de la Política Agraria Común.
Oposición acumulada
Desde el acuerdo entre Bruselas y los gobiernos de los cuatro países miembros del Mercosur, la agricultura comunitaria ha intensificado sus protestas. Sin ir más lejos, parte de las organizaciones del campo catalán -todas menos las mayoritarias, Unió de Pagesos y la JARC- firmaron a finales de 2024 un manifiesto conjunto contra la apertura comercial; mientras que tanto las entidades españolas como las francesas han sostenido marchas para mostrar su oposición al tratado. A nivel institucional, el gobierno francés de Emmanuel Macron lidera una pequeña coalición de países que aspiran a establecer una minoría de bloqueo para hacer caer la entrada en vigor del pacto. Para lograrlo, cabe recordar, el Elíseo necesitaría un mínimo de cuatro aliados que representen un 35% de la población de los 27. Aparte de la francesa, la única de las grandes economías continentales que ha mostrado reticencias al respecto ha sido la italiana; si bien el gobierno ultra de la primera ministra Giorgia Meloni no ha asegurado aún su posición definitiva. El rechazo al pacto, pues, no está asegurado, si bien los eurodiputados de Fratelli d’Italia han dejado entrever en sus recientes intervenciones en Estrasburgo que Roma podría aceptar las ofertas de París y acabar rechazando el pacto.
