Airbnb ha exigido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que la regulación catalana de pisos turística esté armonizada con las normas de la Unión Europea. En una carta firmada por Mónica Casañas, directora general de Airbnb Marketing Services, la misiva carga contra el decreto ley que limita las licencias a cinco años y elimina 28.000 permisos en zonas saturadas. La compañía ha asegurado que limita “sin suficientes evidencias sobre donde se encuentran los desafíos”. Además, Airbnb ha expresado que podría dar la impresión contrario al que se busca y podría tener “consecuencias no deseadas” que impedirían beneficiarse del turismo lugares con “grande oferta de viviendas pero poca población”. A la vez, añade que casi 4 de cada 10 pueblos no tienen opciones de alojamiento y remarca el “papel crucial” de los pisos turísticos “familiares” por la economía local.
La compañía de alojamientos turísticos ha recordado que esta clase de pisos se comparten con los viajeros cuando los propietarios no están y hacen que los mismos pueblos obtengan beneficios directos “sin tener que construir más infraestructura turística”. La multinacional ha defendido que en Cataluña los propietarios son “principalmente ciudadanos corrientes y familias locales que anuncian una sola propiedad”. Según una encuesta interna, casi 9 de cada 10 anfitriones de la plataforma en Cataluña afirman que el espacio que anunciaron los pertenecía o bien a ellos o a sus familias, y más de dos tercios de los anuncios a Airbnb en Cataluña están ubicados fuera de los principales centros urbanos.
La empresa propone aconsejar la Generalitat
Airbnb ha asegurado que se ofrece a trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo “allá donde haya tensiones al mercado de la vivienda y a luchar contra el turismo de masas”. Pero, a la vez ha pedido que las nuevas normas sean efectivas y “consiguen sus objetivos sin hacer daño los ciudadanos y las familias”, puesto que según la plataforma, las actuales no son las adecuadas. Así pues, ha reclamado que antes de introducir nuevas restricciones, el Gobierno evalúe el impacto de las normas turísticas existentes, que se han modificado cada año durante los últimos cuatro años.
Del mismo modo, le pedimos que lleve a cabo una consulta pública que incluya todos los agentes de esta actividad para escuchar sus perspectivas sobre las medidas propuestas. “Las autoridades de Cataluña podrán utilizar la información que brinda el marco europeo para desarrollar una regulación que restrinja específicamente las actividades no deseadas y, a la vez, proteger aquellos que comparten su propio hogar y proporcionan una capacidad de alojamiento vital para muchos destinos, especialmente a las zonas rurales”, ha concluido Casañas.
