La compañía de alojamientos turísticos Airbnb ha reconocido la crisis de acceso a la vivienda y ha aceptado que los elevados precios de los inmuebles «son un problema complejo con muchas causas subyacentes» en muchas partes de la Unión Europea, y que se compromete a estudiar, pero lo ha desvinculado de los pisos turísticos. En este sentido, ha remarcado que, según datos del INE, solo un 1,3% de los inmuebles del estado español se destinan al alquiler de corta duración. A través de un comunicado, la plataforma ha expresado su voluntad de trabajar con el ejecutivo español y las comunidades autónomas en el registro único de pisos turísticos que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo.
De hecho, Airbnb ha asegurado que «ya está trabajando con las autoridades competentes» para abordar la nueva normativa de la UE sobre los alquileres de corta duración y dice que «ayudará» en las comunidades que quieran «controlar mejor» el turismo. La reacción de la compañía llega después de que a finales de febrero el Parlamento Europeo aprobara establecer un sistema unificado de datos para controlar los alojamientos turísticos de corta duración y detectar posibles desajustes en el mercado de la vivienda.
El comunicado de la compañía llega dos días después de que el titular del Ministerio de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró que este sistema, que dará un número a cada vivienda de uso turístico y permitirá a las comunidades autónomas identificar los alojamientos ilegales, estará operativo «pronto» en el estado español. El titular de la cartera de Turismo, además, remarcó que Airbnb se ha erigido en un «socio de confianza para las autoridades» en el despliegue de la nueva regulación europea sobre alquileres de corta duración y abogó para ampliar la colaboración.
Se compromete a intercambiar datos con las autoridades
La multinacional de alojamientos turísticos espera que la nueva norma «sea más coherente y uniformo a toda la UE» y que las intervenciones políticas de los estados miembros sean más específicas y proporcionadas, pero se compromete a intercambiar datos con las autoridades, con asegurar el cumplimiento de las normas locales y «construir un turismo sostenible» de cara al futuro, ante la masificación que, en palabras de la empresa, supone la llegada de demasiados turistas de golpe. «Desde la pandemia, las escapadas en la España rural se han vuelto cada vez más populares: casi 7 de cada 10 noches reservadas en el territorio nacional están fuera de zonas urbanas de alta densidad», afirma.
De hecho, la compañía ha subrayado que ya colabora con «centenares de administraciones locales» de toda la Unión Europea por el cumplimiento de sus normativas y ya ofrece herramientas como por ejemplo el Centro de Recursos para Municipios (City Portal). «En Barcelona e Ibiza, por ejemplo, Airbnb tiene acuerdos desde hace años para ayudarlos en los gobiernos locales en las tareas de inspección para detectar y eliminar aquellos anuncios que, de acuerdo con los servicios de inspección, presenten irregularidades», destaca.
