El gobierno español bloquea las sanciones a los trabajadores afectados por el caos de Rodalies. El ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha incluido en el decreto ley que aprobó el martes una disposición para impedir que las empresas tomen represalias contra los empleados que hayan llegado tarde al trabajo o no hayan podido asistir debido al colapso ferroviario que sufrió Cataluña la semana pasada. El texto especifica que «las personas trabajadoras que no hayan podido acudir presencialmente a su lugar de trabajo o iniciar su presentación laboral con puntualidad a consecuencia de los accidentes ferroviarios o de las alteraciones del servicio no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicios en sus relaciones laborales».
Mediante este decreto, la Moncloa recuerda a las empresas que la legislación laboral vigente protege a los empleados afectados por crisis de movilidad como las que ha sufrido el Principado en los últimos días; así como la que generó el accidente mortal en Adamuz. De hecho, obliga a las compañías ferroviarias a dar justificantes a todos los que lo soliciten para comunicar los retrasos causados por las fallas en infraestructuras que alteren el servicio ferroviario. De esta forma, evita que los trabajadores incurran en «faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al lugar de trabajo», incumplimientos que justificarían un despido, según el Estatuto de los Trabajadores.
«Toda la flexibilidad»
A pesar del añadido al decreto, las administraciones aún no han aclarado el procedimiento a seguir para empresas y trabajadores a raíz del colapso del sistema ferroviario. Las patronales catalanas, tras una reunión con el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el de Presidencia, Albert Dalmau, reclamaron a los gobiernos fórmulas para otorgar a los empleados «toda la flexibilidad posible» para superar el caos de movilidad. Entre otras cuestiones, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, contempla el uso del teletrabajo, adaptar los horarios u «otras soluciones» pactadas en el seno del diálogo social. Por su parte, Foment del Treball ha reclamado más inversiones en infraestructuras para garantizar que «funcionen de la manera correcta».
