Netflix y Warner Bros. están a punto de cerrar un acuerdo que cambiará el panorama audiovisual a escala planetaria. La compañía de Reed Hastings ha puesto sobre la mesa 82.000 millones de dólares – por encima de los 70.000 millones de euros- para comprar a una de sus grandes competidoras y saldar su deuda. La histórica productora cuenta en su cartera con servicios de streaming que compiten directamente con Netflix, principalmente HBO Max, que formará parte de la megaadquisición. Más allá de las negociaciones corporativas, que ya estarían completas, la potencial fusión ha puesto en alerta al conjunto de la administración, así como a los legisladores de Estados Unidos. La senadora Elizabeth Warren y la congresista Pramila Jayapal, las legisladoras demócratas que lideran el grupo antimonopolio del Congreso, han calificado la oferta de «pesadilla de competencia». Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la concentración del mercado audiovisual que provocará puede ser «demasiado problemática» para el sector.
En declaraciones a la agencia Bloomberg, Trump ha asegurado que la fusión «debe pasar un proceso» antes de completarse. «Netflix tiene una cuota de mercado muy grande y, cuando tengan a Warner, aumentará mucho», ha descrito el presidente; que ha anunciado que participará del proceso de decisión que deberán tomar las autoridades de competencia. La concentración, según el comité del Congreso, «provocará aumentos de precio, más publicidad y menos control creativo para los artistas, además de peores salarios para los trabajadores». Hasta el punto que representantes de ambos partidos del país han marcado líneas rojas, y aún se espera que tomen una decisión al respecto. El senador Mike Lee, el conservador que lidera el comité antitrust, cree que la fusión es «una alarma para los reguladores del mercado de todo el planeta». «Netflix ofrece un gran servicio, pero aumentar su dominancia significaría el final de la edad dorada del streaming«, argumentaba Lee.
Un trato «favorable al consumidor»
Desde que los consejos de ambas compañías aceptaron por unanimidad la venta, la directiva de Netflix ha querido defenderse de potenciales obstáculos regulatorios. El co-CEO del servicio audiovisual, Ted Sarandos, ha asegurado que «el trato va a favor del consumidor, de la innovación, de los trabajadores, de los creadores y del crecimiento». «Confiamos profundamente en el proceso regulador», ha declarado el director ejecutivo.
Aun así, la dirección antimonopolio del Departamento de Justicia, en manos de la republicana Gail Slater -una colaboradora muy cercana del vicepresidente JD Vance-, ha apuntado a los gastos en entretenimiento que deben enfrentar las familias estadounidenses, que ya alcanzan el 5% de la cesta mensual de compras. El Departamento, bajo el mandato de Trump, ha intervenido en varios procesos de consolidación del audiovisual, con obstáculos para bloquear la compra de Time-Warner por parte de la TelCo AT&T. Cabe recordar que, a pesar de la oposición del presidente y sus aliados, la fusión se culminó en 2019 por mandato judicial. «El Departamento de Justicia debe aplicar la ley antimonopolio de forma transparente, y no usar el trato de Warner Bros. para aceptar influencias políticas y corrupción», razona.
