Los Mossos d’Esquadra han detenido a Clara Ponsatí al poco de su llegada en Cataluña. Un agente de paisano ha interrumpido el paseo que la eurodiputada y ex consejera de Educación estaba dando después de la rueda de prensa en que ha explicado los motivos de su retorno. Ponsatí, acompañada por su abogado, Gonzalo Boye, y decenas de personas que han querido darle la bienvenida, estaba haciendo una ruta por el centro de Barcelona cuando un mosso de paisano se ha acercado y se ha identificado. El agente ha insistido que le acompañase, mientras Ponsatí le enseñaba su identificación y le recordaba que «estaba deteniendo una eurodiputada». Diez minutos después de las seis de la tarde y entre gritos de «fuera, fuera, fuera la injusticia española» y «detención ilegal», Ponsatí -sin prisa y pidiendo que le dieran su bolsa del fin de semana para podérsela llevar- ha subido a un coche de paisano de los Mossos que la esperaba en la plaza de la Catedral de Barcelona y que ha abandonado el lugar con las sirenas encendidas.
Ponsatí, en Cataluña
Después de cinco años exiliada en Bélgica, este martes la eurodiputada ha atravesado la frontera francoespanyola en coche, por Perpiñán, y ha llegado a Cataluña a mediodía sin pasar por el Tribunal Supremo. En una rueda de prensa desde el Colegio de Periodistas de Barcelona, Ponsatí ha avisado que no ha venido «para pactar con el Estado», sino que ha vuelto «para hacer frente» y a denunciar «la vulneración sistemática de los derechos» en Cataluña por parte del estado español.
Ponsatí mantenía en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1-O, a pesar de que dispone de inmunidad europea. En este sentido, la ex consejera ha recordado que la detención es «ilegal» y que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena “tendrá que atenderse a las consecuencias a Europa, como le ha pasado siempre”.
La eurodiputada de Junts por Cataluña ha aprovechado el retorno para presentar la página web Estatdredret.cat, “un inventario de la persecución nacional contra Cataluña” y que, afirma, ya recoge 1.000 casos de supuestas vulneraciones de derechos de los catalanes entre los años 2003 y el que va de 2023.
