Una de las costumbres más arraigadas en nuestro entorno doméstico ha sido siempre la de permitir que la gata o la perra de casa tenga una camada. Dar los cachorros a conocidos o a la familia se ha visto tradicionalmente como un gesto natural e inofensivo que formaba parte de la vida familiar. (Sí, nosotros también conocemos a alguien que lo ha hecho). Pero esta época ha llegado a su fin de manera oficial y con repercusiones económicas muy reales para nuestro presupuesto si no tenemos cuidado.
La realidad legal ha sacudido los hogares particulares con la aplicación estricta de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal. El texto normativo cierra definitivamente la puerta a la reproducción espontánea o casera de animales de compañía en los hogares, una costumbre que se había mantenido inalterable durante décadas.
El fin de la cría doméstica sin control
Durante mucho tiempo se ha pensado que las hembras debían parir al menos una vez en la vida o simplemente se quería conservar la descendencia de una mascota querida. La normativa actual desmonta este equívoco de forma radical. Los artículos 27 y 53 de la ley reservan la reproducción de perros y gatos de manera exclusiva a personas que dispongan de una autorización concreta.
El principal error en el que caen muchos propietarios es pensar que esta regulación solo afecta a los grandes criadores comerciales o las ventas realizadas a través de internet. Nada más lejos de la realidad. La prohibición de efectuar cruces sin permiso se aplica a cualquier titular de un hogar, tanto si el objetivo final es vender los animales como si se trata de una cesión gratuita, un regalo a un amigo o una simple donación a familiares cercanos.
No podemos arriesgarnos a reproducir animales en casa pensando que como los regalaremos a conocidos no pasa nada, porque la ley no hace distinciones según el destino final de los cachorros.
Requisitos y sanciones por saltarse la ley
Para que un perro o un gato se pueda reproducir de manera totalmente legal dentro de una casa particular, la persona responsable debe estar previamente inscrita en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Incluso en aquellos supuestos excepcionales de cría no comercial que prevé el reglamento, se exige formalizar este trámite obligatorio antes de que se produzca el cruce, identificando debidamente a los progenitores.
Ignorar esta obligación y decidir llevar adelante una camada por cuenta propia conlleva graves consecuencias administrativas. La reproducción no autorizada fuera de los canales legales está catalogada expresamente como una infracción grave por la nueva normativa estatal.
Las multas asociadas a estas infracciones no son precisamente pequeñas y oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. Estas cantidades económicas pueden aumentar aún más si las autoridades detectan reincidencia en la conducta o si las condiciones higiénico-sanitarias del domicilio ponen en peligro la integridad de la madre y de los cachorros.
Protección de los animales y control oficial
Aparte del golpe para nuestro bolsillo, la administración tiene la potestad de acordar medidas accesorias como el decomiso de los animales nacidos de manera irregular. También se prevé la inhabilitación para la tenencia de mascotas durante un período que puede llegar hasta los cinco años. La vigilancia se ha endurecido notablemente respecto al pasado.
La exigencia de este registro no responde a un simple capricho burocrático, sino a la necesidad de atajar uno de los problemas estructurales más graves que sufre el país: la superpoblación y el abandono de animales. Históricamente, las camadas domésticas no planificadas han sido la principal vía de entrada de cachorros a las protectoras y refugios cuando los propietarios no encontraban adoptantes.
Al vincular directamente cada camada al registro correspondiente y al Sistema Central de Registros para la Protección Animal, se consigue que cualquier cachorro salga del hogar con el microchip puesto a nombre del criador registrado. ¿Qué opinión te merece este control tan estricto sobre las mascotas?
