Tres edificios de Salou (Tarragonès), el Vendrell (Baix Penedès) y Sentmenat (Vallès Occidental) han dado el pistoletazo de salida a la huelga de alquileres que impulsa el Sindicat de Llogateres. “Comienza la ya anunciada revuelta de las llaves”, ha dicho el portavoz de la entidad, Enric Aragonès, durante la rueda de prensa de presentación de la acción. El Sindicat de Llogateres quiere que el anuncio de estas primeras huelgas de alquileres sean los “primeros pasos de un movimiento huelguista” más amplio que canalice la indignación social mostrada en la manifestación del 23 de noviembre en Barcelona.
Según ha explicado la entidad, Salou es la zona cero de la huelga de alquileres. Desde este lunes 9 de diciembre, 29 familias de pisos de protección oficial gestionados por Inmocaixa han devuelto el recibo de los dos últimos meses del año. Seis familias de el Vendrell que también viven en pisos propiedad de la inmobiliaria de Criteria Caixa se han sumado a la protesta. Entre los dos edificios suman un impago conjunto de 20.000 euros y exigen a Inmocaixa que les devuelva los importes cobrados los últimos años en concepto de IBI, un cargo declarado ilegal por el Tribunal Supremo cuando se trata de un piso de protección oficial.
Alerta por la pérdida de protección oficial de edificios enteros
En el tercer edificio rebelde, el de Sentmenat, los inquilinos de otra promoción de protección oficial gestionada por Inmocaixa han anunciado que comenzarán la huelga de alquileres a partir de marzo del próximo año. Reclaman la prórroga de los contratos, ya vencidos, y la retirada de las causas judiciales abiertas para desalojar familias del edificio. También quieren que se eliminen las cláusulas abusivas y se regrese a los precios originales. Las familias en huelga podrían ser obligadas a dejar su hogar cuando se concrete la venta de los edificios donde viven.
En verano, la Generalitat compró varias promociones de vivienda protegida a Inmocaixa, que se queda en cartera una cuarentena de edificios más que pasarán al mercado libre si no se encuentra una solución, según denuncia el Sindicat de Llogateres. Es el caso de los dos edificios de Sentmenat, que también reclaman al Incasòl que compre sus pisos.
