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Los propietarios alzan la voz para derogar el decreto que impide desalojar personas vulnerables

En la plaza Sant Jaume, unas cincuenta personas se han manifestado contra el decreto gubernamental 11/2020 que suspende los desalojos en casos de familias vulnerables. La Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (Aprovij) reclama “seguridad jurídica” y acabar con las “inquiocupaciones” y han mostrado pancartas en las cuales se podía leer ‘El propietario no es el escudo social’ o ‘El problema del alquiler no es el propietario, es el decreto 11/2020’. Cabe recordar que este decreto se ha ido prorrogando desde 2020.

Kathy Diaz, presidenta de Aprovij, ha querido señalar que este decreto se impulsó por la pandemia y se fue prorrogando con “excusas” diversas. “Cualquier excusa le va bien al gobierno para prorrogar el decreto”, ha denunciado. Díaz ha criticado a quien defiende el decreto, ya que según relata la presidenta de Aprovij “vulnerable para este gobierno es alguien que cobra menos de 1.800 euros, tiene un menor a cargo o es mayor de 60 años, por tanto, todos somos vulnerables”.

Critica la percepción social

La presidenta de Aprovij ha denunciado la sensación de que «han puesto al propietario como el malo” y que para el gobierno español los vulnerables “valen más” que las escrituras de sus propiedades. “Nos utilizan como escudo social, una tarea que pertenece a la administración”, se ha quejado amargamente. Según la asociación de propietarios, este decreto “destruye” el mercado de alquiler y “desprotege” al propietario frente a “morosos y ocupas”. “¿Quién quiere alquilar a un potencial vulnerable y perder su vivienda?”, ha sentenciado la presidenta de la asociación.

Un bloque de viviendas en Catalunya / EP
Un bloque de viviendas en Catalunya / EP

La derecha y la ultraderecha, de la mano de los propietarios

En la concentración en Sant Jaume han asistido los representantes de la derecha españolista. El presidente del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado que el decreto se mantiene activo para que sean los propietarios los que “tengan que hacer la política social que debe hacer el gobierno de España”. El presidente de Vox en el consistorio de la capital catalana, Gonzalo de Oro, también ha asistido y PP y Vox se han puesto de acuerdo para asegurar que Barcelona es la «capital» de las ocupaciones.

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