La problemática de la vivienda continúa latente en el día a día de los catalanes, de hecho, en el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de 2024, el acceso a la vivienda se convertía en el principal problema de los catalanes. En los últimos años, las administraciones se han apresurado a revertir el incremento de los precios del alquiler, favorecer el acceso a un piso para los jóvenes o proteger a las familias vulnerables de desalojos. En este sentido, el último paso adelante que se ha anunciado por parte del gobierno catalán fue a inicios del mes de abril, cuando el Parlamento aprobó un decreto ley para modificar la ley de la vivienda y establecer una prórroga de las viviendas con protección oficial situadas en zonas tensionadas.
La medida, que también añadía la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, reunió los votos a favor del PSC, ERC, Comuns y CUP en el Parlamento. Con esta prórroga, un número de viviendas de protección oficial (VPO) que estaba previsto que dejaran de serlo a corto plazo tendrán un nuevo calendario para prolongar su vida bajo la protección de las administraciones catalanas.
De esta manera, las viviendas protegidas que están situadas en zonas de mercado de vivienda tensionado tendrán una protección oficial de entre 10 y 30 años más larga según las promociones que se han construido en suelos con reserva urbanística destinada a vivienda protegida o no. Según el informe de 2023 del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OHB) y el Observatorio Desc de las 72.501 viviendas de protección que había en la demarcación de Barcelona en 2021, quedarían 36.470 en 2030 y 18.830 en 2040. Con esta medida aprobada recientemente en el Parlamento, se impide la pérdida de casi 40.000 hogares del parque de vivienda protegida en los próximos cinco años.
Una medida «insuficiente» para ampliar el parque de vivienda social
Esta medida ha sido recibida de manera ambivalente por parte de las diferentes posiciones de los agentes del sector, que en parte reconocen los efectos favorables de que no se reduzca el mercado de la vivienda de protección oficial en Cataluña, que es escaso; pero que ven desaciertos en la nueva regulación.
Desde el Sindicat de Llogateres aseguran que esta medida responde al hecho de que se pierden numerosas viviendas de protección cada año, “si perdemos lo que tenemos actualmente, nunca llegaremos a tener un parque de protección más grande en el futuro”, explica el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en una conversación con Món Economia. Aun así, Aragonès asegura que “esta regulación no profundiza en el modelo que defendemos, ya que más tarde o más temprano estos pisos quedarán en manos privadas -en teoría de particulares- y se perderá el control de lo que es público”.
Por otro lado, Ferran Font, el jefe de estudios del portal inmobiliario pisos.com, señala la “representatividad limitada” que esta medida aprobada en el Parlamento puede tener en el mercado reducido “donde ya hay una falta” de vivienda protegida. Font apunta que la problemática con esta modificación de las condiciones de la vivienda protegida pasa por el “cambio de condiciones de un proyecto que ya está iniciado”.
Ante la insuficiente efectividad que los agentes del sector de la vivienda ven en esta medida, cada uno plantea una intervención diferente por parte de las instituciones en la gestión de los inmuebles y el tratamiento que se debe hacer de estos para resolver. En este sentido, desde el Sindicat de Llogateres se plantea eliminar el tope mínimo de ingresos para poder acceder a una vivienda protegida. “Creemos que borrar este requisito para disponer de VPO eliminaría muchas barreras para que más gente pueda acceder a un bien público como es la vivienda”, explica Aragonès, “y, en cambio, aplicar un sistema de precios progresivos en función de los ingresos”, añade. Además, el Sindicato cree que las medidas de la administración con la vivienda protegida deberían ser de un control completamente público “para desmercantilizar la vivienda”, en el que también se añada bajo el brazo del gobierno la expropiación de vivienda pública “para hacer cumplir con la función social del suelo destinado a usos residenciales”.
La certeza necesaria para garantizar más VPO
Por otro lado, los promotores e inversores en proyectos de vivienda protegida ven en otras medidas un entorno más favorable para la construcción y el aumento de la oferta de VPO. En este sentido, Ferran Font comenta que “estos cambios generan incertidumbres en cuanto a la rentabilidad esperada de cualquier proyecto”, lo que hace que Cataluña “sea menos atractiva a la hora de invertir comparado con otros territorios”, continúa. Además, Font añade que al tratarse de una nueva legislación que solo se aplicará en territorio catalán y no en el conjunto del estado español, lo que hace que “si una entidad quiere invertir en la construcción de vivienda protegida puede ir a otros mercados más cercanos, como Aragón o Valencia, por ejemplo, donde un marco legal más estable les permita proyectos con otras condiciones y una rentabilidad en el proyecto más alta”, explica. “Todos están de acuerdo en que falta vivienda pública, pero en Barcelona y Cataluña los promotores ven unas condiciones más restrictivas que no les incentivan a sacar adelante tantas iniciativas”, añade.
“Se debe tener claro que las administraciones no podrán sacar adelante por sí solas todas las medidas de vivienda pública y es necesaria la participación conjunta con el mercado”, explica Font. Para el jefe de estudios de pisos.com, esto pasa por “una estabilidad con el mercado, que cuente con la seguridad legislativa necesaria y un consenso en la materia de vivienda”. Además, añade que, sin este consenso entre todas las partes, “corremos el riesgo de que cada cuatro años se cambie totalmente la visión de cómo abordar la problemática”.
Estas afectaciones en el futuro de las legislaciones no favorecerían, apunta Font, un mercado de vivienda protegida catalán que ya se encuentra por debajo de los datos medios europeos, y muy lejos de otros países como Holanda, Austria o Dinamarca. Más concretamente, el alquiler social representa actualmente un 1,7% del parque de la vivienda catalana, según datos del gobierno, y está previsto que sea del 9% en 2044, un dato que los agentes del sector ven de manera escéptica a pesar de los esfuerzos recientes por promocionar la vivienda social, ante la clara falta de esta que todas las partes constatan.
