Junts ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Cataluña para que las comunidades de vecinos puedan solicitar a las autoridades iniciar procedimientos judiciales contra viviendas ocupadas cuando «alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble». Se trata de un segundo intento para intentar frenar las ocupaciones, ya que en febrero de 2023, en la anterior legislatura de Pere Aragonès, la cámara aprobó la ley antiocupaciones, pero quedó truncada. Es decir, no se llegó a ningún acuerdo para impulsar que las comunidades pudieran solicitar desalojos debido a la falta de consenso de la mayoría del hemiciclo catalán.
De la misma manera que los ayuntamientos pueden iniciar procedimientos judiciales contra ocupaciones, la proposición de ley de Junts plantea que se «habilite» a las comunidades de propietarios a actuar en estos casos en sustitución de estos «y en las mismas condiciones». Solo se podrían solicitar estas medidas en caso de que el propietario del inmueble no inicie acciones y que, en el piso en cuestión, se produzcan «actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o pongan en peligro el inmueble». En esta línea, las comunidades de vecinos también podrían solicitar desalojos en caso de que en el piso ocupado se realicen actividades prohibidas expresamente por los estatutos, la normativa urbanística o la legislación vigente. De hecho, la diputada de Junts Glòria Freixa ha asegurado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que el objetivo de esta propuesta de ley es que no solo puedan actuar los ayuntamientos, sino también las comunidades de vecinos que se vean «indefensas», porque el propietario, a menudo un gran tenedor, «no hace nada para desocupar» un piso.
Junts confía en desbloquear la ley
En este sentido, la diputada de Junts confía en que, a diferencia de la anterior legislatura, esta vez la cámara catalana se incline a favor de la proposición de ley registrada por la formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont: «Es evidente que hay un problema, un conflicto, y que se da más en los barrios más vulnerables y con menos recursos. Creemos que ahora habrá grupos que verán la necesidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar», ha argumentado. Además, la propuesta impulsada por Junts también recoge que «la comunidad de propietarios podrá solicitar la medida cautelar de cese u otras que fueran necesarias para la efectividad del proceso declarativo, incluida la de desalojo del bien inmueble». En esta línea, también estipula que los vecinos de la comunidad tienen derecho a una «indemnización por los perjuicios que se le causen» si las actividades ilegales que se producen en el interior del inmueble ocupado se prolongan en el tiempo.
