El presidente de la Generalitat Salvador Illa reitera el compromiso de aprobar el régimen sancionador de la ley de vivienda, tal como se había comprometido con los Comuns. El Gobierno da marcha atrás así a la propuesta de incluir la normativa en la ley de acompañamiento de los presupuestos; una decisión que había puesto sobre la mesa la consejera de Territorio y portavoz Sílvia Paneque en una reciente intervención después del consejo ejecutivo. La decisión llega poco después de que la Generalitat se haya tenido que resignar a prorrogar las cuentas y no aprobar las próximas hasta ya entrado el 2025, todo ello a la espera de que Esquerra Republicana de Catalunya establezca su posición negociadora después del Congreso Nacional que culminó la pasada semana.
Illa confirma así la posición que ya comunicó el consejero de Presidencia Albert Dalmau la pasada semana, quien reconoció que esta sería «la única manera» de sacar adelante la normativa en el calendario esperado. De esta manera, saca pecho el presidente, «Cataluña será la primera en tener un régimen sancionador» para las infracciones de la ley de vivienda. A tal fin, el ejecutivo se ha comprometido a llevar la provisión al Parlamento «lo antes posible». «Enviaremos un mensaje claro a los especuladores: la ley es para cumplirla y las viviendas son para vivir en ellas», sentencia el dirigente socialista.
Presiones de los Comuns
Illa ha informado de su posición durante la sesión de control al Gobierno en la cámara legislativa catalana de este miércoles. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta formulada por la líder de los Comuns en la cámara, Jèssica Albiach; para quien tener el régimen sancionador operativo ya en enero era condición sine qua non para sostener su apoyo al ejecutivo. Poco antes de la sesión, Albiach ya había cuestionado la meta, en tanto que «las negociaciones no van tan rápidas como deberían y las necesidades de la población no pueden esperar». A la respuesta del presidente, Albiach ha celebrado lo que considera una «buena y necesaria noticia»; aunque ha lamentado que no haya un calendario cerrado. «El 2025 es muy largo», critica la presidenta del grupo parlamentario. Para aprobar la medida cuanto antes, mejor, ha reclamado «trabajar conjuntamente» con la Generalitat, a fin de evitar «grietas» en el diseño del régimen.
