El gobierno de Salvador Illa y los Comuns han pactado este lunes destinar 850 millones de euros de los recursos propios de la Generalitat a políticas de vivienda. Este es uno de los aspectos del acuerdo alcanzado entre el ejecutivo catalán y la formación que lidera Jèssica Albiach para apoyar el segundo suplemento de crédito -que se aprobó el martes de la semana pasada-, el cual servirá para elevar el presupuesto prorrogado de la Generalitat hasta 1.301 millones. En detalle, el acuerdo entre el Gobierno y los Comuns también estipula destinar veinte millones a la energética pública, diez al pacto nacional para la salud mental y trece para desplegar la ley de salud bucodental.
En materia de vivienda, más allá de la lluvia de millones, el pacto entre los socios de investidura también prevé ampliar en 60 efectivos, antes del 30 de junio, el cuerpo de inspectores que debe velar por el cumplimiento de la ley de contención de rentas del alquiler, con la voluntad de llegar a los 100 efectivos antes de que termine el año. En esta misma línea, las dos formaciones también han pactado crear una unidad específica, formada por unas cincuenta personas, dedicada exclusivamente a prevenir y actuar contra los desalojos. Con este acuerdo, los Comuns apoyan los dos primeros suplementos de crédito, pero no el tercero, que todavía se está negociando: «El acuerdo al que llegamos es para convalidar el primer y el segundo decreto, para el tercero entraremos a negociar en las próximas semanas», ha aseverado la líder de los Comuns en rueda de prensa.
El tercer suplemento en el aire
De momento, el gobierno de Salvador Illa ha conseguido sacar adelante los dos primeros suplementos de crédito para ampliar las cuentas del ejecutivo gracias al apoyo de sus socios de investidura, ERC y Comuns. De hecho, los republicanos cerraron la semana pasada un acuerdo que contempla cerca de 1.000 MEUR para afrontar el aumento del IPC y más de 300 para afrontar la crisis de los aranceles y para la agricultura, entre otras medidas. Ahora, sin embargo, el objetivo del Gobierno es sellar un tercer decreto: «Nos gustaría que fuera durante el mes de mayo para poder ejecutar todos estos compromisos antes del 31 de diciembre», ha remarcado la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, que considera que, para poderlo sacar adelante, será necesario que algunos departamentos “reprioricen” algunas de sus políticas, aunque ha resaltado que las partidas “encajan”.
