ERC ha presentado una proposición no de ley en Madrid para reclamar al gobierno español que apruebe medidas “urgentes” para reducir el papeleo para pedir ayudas de la Política Agraria Común (PEC) y cambiar los criterios de reparto de los fondos europeos para que lleguen “mayoritariamente” a los pequeños y medios productores del país. Es la primera iniciativa que entra en el Congreso de los Diputados después de una semana de protestas en todo el estado español. En Cataluña, los campesinos han conseguido que la Generalitat se comprometa a reducir la burocracia, a agilizar el pago de ayudas por la sequía y a revisar las restricciones de agua para el sector agrario, pero hay muchas reivindicaciones que se tienen que regular a escala estatal o europea.
Los republicanos también reclaman al gobierno español que paralice las negociaciones de acuerdos de libre comercio con terceros países y que aplique un mayor control a las importaciones con cláusulas espejo con los países extracomunitarios para evitar el uso descontrolado de productos fitosanitarios prohibidos en la UE. “La situación ha llegado a un punto límite y no únicamente en España, sino que también los agricultores y ganaderos de Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Polonia y Rumanía han parado la actividad y la de las ciudades en las cuales se han manifestado para exponer su cansancio ante la falta de acción por parte de las administraciones competentes ante la crisis económica que vive el sector”, explica ERC en su proposición.
El texto recuerda que las movilizaciones y protestas de los agricultores de las últimas semanas son una respuesta “desesperada” a la crisis que vive el sector primario, que se siente “ignorado” por el gobierno español. ERC puntualiza que las reivindicaciones de ganaderos y agricultores son similares en toda la Unión Europea —exceso de papeleo de la PAC, aumento de costes, falta de control sanitario de las importaciones, emergencia climática— y denuncia que, en el estado español, se suma el incumplimiento constante de la Ley de la Cadena Alimentaria, que Pedro Sánchez ya se ha comprometido a revisar. “La ineficacia de esta norma para solucionar […] se ha probado desde su entrada en vigor y, en consecuencia, los agricultores vienen a pérdidas desde hace cuatro años”, avisan los republicanos. “Por lo cual, el sector reclama una aplicación firme de la Ley de la Cadena Alimentaria, de forma que se obligue a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción, y ven fundamental que lo cumpla la gran distribución, el final de la cadena”.
