La salud del sector de la construcción en Cataluña ha sufrido oscilaciones intensas en los últimos años. Después de la pandemia, como recuerdan las principales organizaciones empresariales del sector, las inestables cadenas de suministros globales aislaron el tejido de negocio catalán de unas materias primas que se volvieron escasas y caras. «Primero fue el canal de Suez, después la guerra de Ucrania. Ese fue el punto de inflexión para hacer subir los precios», recuerda el presidente del Gremio de Constructores de Barcelona y Comarcas, Josep Antoni Martínez i Zaplana, en conversación con Món Economia. La «tormenta perfecta» disparó los costos de materiales de la relevancia del hierro o el acero, imprescindibles en la cadena de valor constructiva. En 2022, con la entrada en vigor de los fondos Next Generation, las obras públicas aceleraron, lo que recuperó la aportación al PIB de estos negocios: tal como registra el Idescat, durante el primer curso completo sin Covid el valor añadido bruto del segmento se disparó, con picos elevadísimos, como el aumento del 7,6% registrado en el tercer trimestre.
La vivienda, sin embargo, ha avanzado a un ritmo más lento, como constata Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Construcción, que observa «un déficit» de nueva actividad en todo el Estado. Un déficit que, tal como se desprende de los datos del Colegio de Arquitectos de Cataluña, busca revertirse, con mejores datos en 2024. Según el organismo, más de 10,400 nuevas unidades habrían recibido el visado de edificación durante los seis primeros meses del curso saliente, un 40% más que el año anterior. La evidente carencia residencial, unida a la normalización del entorno de precios, ofrecen al sector unas perspectivas «moderadamente optimistas» para 2025. Los negocios, así, miran hacia las administraciones para activarse en un año en el cual, según sus expectativas, la demanda volverá a ser un agente dinamizador. Tras años de tipos de interés disparados, el retorno a la normalidad monetaria augura un nuevo impulso del crédito. En el sector residencial, esto significa más hipotecas y más saltos a la compra, lo que tensará aún más un mercado que ya es de los más desequilibrados de la economía catalana. A juicio de Martínez, el sector tiene las herramientas para asumirlo, más allá de posibles choques a corto plazo. «Los constructores se adaptan. Hicimos todas las obras de los Juegos Olímpicos en tiempo récord», asegura.
El principal motor de los avances que los constructores dibujan a medio plazo es la inversión pública, una palanca que había sido «insuficiente» en los últimos años, lamenta Martínez; pero que Salvador Illa ha prometido desbloquear, en beneficio especialmente del sector privado. «Si nos remitimos a los comentarios del presidente, la intención es hacer 50,000 viviendas; y para ello necesitan constructores», hace evidente el presidente del Gremio. En línea con el diagnóstico de los movimientos sociales por la vivienda, así como de los actores del mundo inmobiliario, sin embargo, la construcción se mantiene a la espera de concretar la iniciativa. Las fuentes consultadas, de hecho, recuerdan la promesa similar que llevó al presidente Josep Montilla a la Generalitat en 2009, y que terminó sin ejecución. «No estaré esperanzado hasta que no comencemos a ver movimientos en el Parlamento», comenta Moreno respecto del programa de Sant Jaume. «Hasta que no empiecen a cambiar leyes». Especialmente con una escalada de la intención de compra tan pronunciada como la que se proyecta en los próximos meses, la burocracia puede convertirse en un yugo especialmente pernicioso. «Puede ser muy complicado cumplir los objetivos por las barreras regulatorias», lamenta el representante de la Cámara.
El «transatlántico» administrativo
Ante el pico de demanda esperado para 2025, que hace esencial -a juicio del empresariado- la nueva construcción, la concesión de permisos de edificación puede convertirse en el gran lastre. Los tiempos de las administraciones para permitir comenzar unas obras como las que requiere un nuevo edificio residencial van mucho más allá, acusa Moreno, de los límites que se pone el sector privado. «La licencia, de media, supera los 18 meses. Conozco ayuntamientos que han llegado a superar los 24», critica. En este sentido, Martínez detecta «dos velocidades» en la aproximación institucional a su industria. «Por un lado, está la necesidad de invertir el dinero de Europa; por otro, el funcionamiento propio de la administración, que está absolutamente atrincherada», diagnostica. Es decir, las «buenas intenciones» que reconocen a los cargos electos pueden encontrar un límite sólido en las mesas de los técnicos. «Cuando entra la burocracia y el funcionario, siempre hay problemas», constata Moreno.
Las instituciones del país sufren, según los constructores, de un mal de sobreregulación que genera un marco nebuloso, de falta de seguridad jurídica, que amenaza a todos los implicados. De hecho, y a pesar de su apunte, Moreno exime de responsabilidad a los técnicos municipales. «Los plazos no son culpa de los funcionarios. Hay que normalizar la ley para que nadie salga perjudicado», contempla el representante de la CCOC. Esta zona de grises deja «margen a la interpretación», según Martínez, una amenaza manifiesta contra la actividad privada. «No puede ser que la normativa la puedan leer diferente cada ayuntamiento, cada secretario o arquitecto», afirma. En este contexto, incluso medidas tradicionalmente reivindicadas por el mundo empresarial, como el silencio administrativo positivo, entrañan peligros. Si bien es cierto que «alentaría» las mesas municipales, el presidente del Gremio avisa de los «problemas» que puede ocultar la medida en un contexto como el actual. «El silencio administrativo acepta que sigas adelante con una obra, pero luego la licencia puede ser revocada. Generaría mucha indefensión jurídica», advierte.
Con todo, la confianza expresada en el ámbito de la inversión, así como en la cadena de valor global, no tiene réplica en cuanto al doblegamiento de la burocracia. «Si durante los 40 años que llevo en el sector no ha cambiado nada, ¿qué me hace pensar que cambiará nada ahora? La administración es un transatlántico, y el político es un interino, efímero», ironiza Martínez. Esta distancia entre las reclamaciones empresariales y la ejecución administrativa impulsa la desconfianza, incluso, con las promesas más políticas. «Hasta que no haya cambios legislativos, no nos creemos que hay la intención de llevar adelante los cambios que se necesitan», añade Moreno, que rebaja las expectativas industriales: «Nos damos por satisfechos si buena parte del año sirve para empezar la reforma de la administración».
Trump en los edificios catalanes
El lastre de los últimos ejercicios, coinciden las principales agrupaciones empresariales, ha ido desapareciendo. Las cadenas de valor se han restablecido con el paso de los cursos, y, como en muchos otros ámbitos, se han encontrado alternativas solventes para acceder a los materiales esenciales. Tras los cisnes negros de los últimos cinco años, rememora Martínez, hubo un momento en que las sociedades constructivas quedaron «colapsadas por la entrega». Desde 2024, sin embargo, esta tendencia se ha revertido, y los precios «se han moderado bastante». Tanto Martínez como Moreno mantienen un ojo puesto en el terremoto geopolítico que se vislumbra a ambos lados de Europa, con unos Estados Unidos cada vez más agresivos y una China que responde a las guerras comerciales planteadas desde Occidente. «Si creamos una vorágine de aranceles por todas partes, podría suponer un gran revés», constata el presidente de la COCC; con una afectación que podría oscilar entre el 10 y el 20% de los costos acumulados. Ahora bien, en las condiciones actuales -bajo la sombra de las fronteras mercantiles, pero todavía con libertad de movimiento- la cadena productiva no es un problema. «Si continuamos como estamos, o incluso con un pequeño crecimiento, los costos no deberían ser un impedimento para hacer vivienda en Cataluña», sentencia el empresario.
El reto de los obreros
Por debajo del bloqueo administrativo, Martínez encuentra una carencia en el sector en la capacidad de atraer mano de obra cualificada y a largo plazo. Especialmente en cuanto a los profesionales de obra, un «oficio», apunta, que requiere un dominio muy superior al que se lee socialmente. En primer lugar, apunta el empresario, el sector sufre un cierto «estigma» en cuanto a la dureza de las condiciones laborales, lo que aleja a los jóvenes de la construcción como «punto de acceso al mercado laboral». Más allá de este impedimento, de carácter más cultural, la apuesta por el aprendizaje de este tipo de oficios ha sido escasa en Cataluña, especialmente desde el mundo público. «La figura del aprendiz, que antiguamente existía, se ha perdido; y si no hay aprendiz, es difícil tener profesionales», lamenta el presidente. En este sentido, destaca la tarea de coordinación entre compañías y escuelas de formación profesional para encontrar las sinergias necesarias para activar la fuerza de trabajo, aunque el valle es aún importante. «Puede haber una multitud de empresas constructoras, pero no pueden funcionar sin mano de obra», constata.
