El Govern activa las primeras medidas de control al precio de la vivienda en paralelo al calendario de los presupuestos. Así lo ha anunciado la consejera de Territorio y portavoz del ejecutivo este mismo martes en rueda de prensa. Según ha confirmado Paneque, la intención de Palau es incluir el régimen sancionador de la norma de contención de rentas -la estructura de penas y multas para los propietarios que no la apliquen correctamente- en la ley de acompañamiento de las cuentas generales catalanas. Este añadido al anexo presupuestario, razona Paneque, «permite una inmediatez en la tramitación que otros procedimientos no tienen».
Es importante recordar que la elaboración e implementación del régimen sancionador del control de rentas era uno de los compromisos centrales en términos de vivienda de Salvador Illa en su llegada a la Generalitat -un tema especialmente sensible para uno de sus dos socios principales en el hemiciclo, los Comunes, tal como demostró su líder parlamentaria Jéssica Albiach en la última sesión de control-. De esta manera, el ejecutivo demuestra su intención no solo de acelerar esta norma, sino de aprobar los presupuestos durante el presente curso, a pesar de la tensión interna que se mantiene con el otro partido cuyos votos fundamentaron la investidura, Esquerra Republicana de Catalunya.
Apoyo al impuesto energético
La intención de Pedro Sánchez de hacer permanente el impuesto temporal a las energéticas, que grava con un 1,2% de los beneficios a las compañías con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, ha sido una de las polémicas de la semana -especialmente ante la amenaza del director general de Repsol, el ex-PNB Josu Jon Imaz, de detener inversiones en el Estado debido a una supuesta «inseguridad reguladora»-. A pesar de la tensión empresarial, Paneque ha descartado que la Generalitat haga ningún tipo de presión para retirar el gravamen, tal como pedía la patronal de las grandes empresas catalanas, Foment del Treball. La consejera, también responsable en el ámbito energético, insiste en la necesidad de una «fiscalidad responsable» por parte de las eléctricas, negando que la tasa «arriesgue las grandes inversiones» de estas compañías, como la que la petrolera tiene prevista en Tarragona.
