La Generalitat comienza a poner en marcha el proyecto de construcción de 50,000 viviendas asequibles que anunció el presidente Salvador Illa al inicio de la legislatura. El Gobierno ha elaborado un registro de terrenos municipales, cedidos por más de 200 ayuntamientos, que permitirá construir cerca de 21,300 nuevas viviendas. Las corporaciones municipales habrían ofrecido unos 665 terrenos públicos libres para activar la ampliación del escaso parque público de vivienda catalán. De estos, un 25% estarán reservados para jóvenes, mientras que un 8% adicional se destinará a personas en situación de vulnerabilidad. Cabe recordar que el tejido de residencias sociales del país no supera el 2% de la oferta total, muy lejos del 10% que marca la media de la Unión Europea, y a años luz de los líderes del continente, los Países Bajos, que rozan el 30%.
Illa ha anunciado esta medida en su intervención en la clausura de la 40ª Reunión del Cercle d’Economia. En su ponencia ante las élites económicas del país, Illa ha descrito la crisis de la vivienda como el principal «factor que incide en la desigualdad» en el país. Para enfrentarlo, el ejecutivo ha apostado por la construcción de nuevos inmuebles en terrenos públicos. «La solución implica construir, hay un déficit de vivienda en el país», reconoce Illa. La atracción de estos 665 terrenos, apunta el jefe del ejecutivo, es «un paso adelante significativo, pero todavía insuficiente». En este sentido, busca impulsar la actividad constructiva: la Generalitat, ha apuntado, ofrecerá ayudas a los operadores que se encarguen de la nueva vivienda social para «garantizar la rentabilidad esperada» de una operación como esta.
De hecho, ha anunciado que abrirá la construcción en muchos de estos terrenos a operadores privados, principalmente en aquellos municipios que no tengan ya un operador asignado para llevar adelante los proyectos residenciales. «No solo se sacarán a licitación para promotores de iniciativas sociales, sino también a empresas privadas», razona.
Sin acuerdo para la regulación
Los miembros del Cercle d’Economia han dado la bienvenida a los avances en nueva construcción, un modelo alineado con las preferencias del sector privado. Ahora bien, en la conversación se han podido ver grietas entre élites económicas y Gobierno por la regulación del mercado. El presidente de la entidad, Jaume Guardiola, se ha dirigido a Illa para trasladar el desacuerdo del mundo empresarial con, por ejemplo, el control de alquileres -un mensaje que ya trasladaron al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con la reserva del 30% de las promociones para vivienda social-.
En este sentido, Illa ha reconocido que el sector privado es «necesario» para cualquier solución a la emergencia residencial. Ahora bien, el Gobierno debe «tomar medidas a corto plazo» para abordar el sufrimiento que genera sobre los ciudadanos el estado actual del mercado. «La crisis es un fallo que debe ser corregido», ha argumentado el presidente. «Se deben tomar medidas que entiendo que no les gustarán», ha rematado, indicando que la solución a largo plazo es la construcción; y que la regulación sirve para evitar el colapso inmediato. En este sentido, se ha dirigido directamente a los empresarios presentes en el Palacio de Congresos: «Por conversaciones con ustedes, saben que se requiere un esfuerzo colectivo. No podemos permitir que una parte de la ciudadanía quede atrás», ha respondido.
