La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado los primeros detalles sobre cómo será la empresa pública que el presidente español, Pedro Sánchez, quiere utilizar como punta de lanza para abordar la crisis de vivienda en el Estado. Rodríguez ha adelantado que «el embrión» de la sociedad será la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que el gobierno español quiere fortalecer para dotarla de más recursos y convertirla en una promotora pública que hará una gestión «integral» del parque público estatal: desde la propiedad del suelo y su urbanización hasta la construcción y la administración.
«Esta empresa que ya tenemos se completará con otras acciones», ha explicado Rodríguez en una entrevista en TVE. «Los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario, se pueden traducir en vivienda asequible». La ministra ha recordado que el Estado dispone de «mucho suelo» edificable que está en manos del Ministerio de Defensa, de Adif, de la misma Sepes y también de la Sareb –más conocida como banco malo–, que concentra todos los activos inmobiliarios y pisos que los bancos españoles traspasaron al estado tras la burbuja inmobiliaria que se podrían incorporar a la nueva sociedad.
La idea del gobierno es que la nueva promotora pública tenga acceso a todo este suelo y también a financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pueda construir viviendas de protección oficial, tanto de compra como de alquiler. El ministerio tiene intención de contar con las constructoras privadas para poder acelerar los tiempos de entrega. «Tenemos que promover mucha vivienda, estamos ante un problema que está relacionado con la oferta», ha dicho Rodríguez, que en parte ha validado el discurso del sector privado, que hace meses que avisa que la ley que regula el precio del alquiler no tendrá efectos en el mercado y que la mejor manera de bajar los precios es construir más. «Intervendremos el mercado vía oferta con un parque público y con asequibilidad», ha explicado la ministra.
El sector privado, a la expectativa
Tras el anuncio sorpresa de Sánchez durante el congreso federal del PSOE de este fin de semana, el sector privado quedó a la expectativa de conocer más detalles de la nueva empresa pública, un rival con quien sería difícil competir dado los recursos casi ilimitados de los que dispone el Estado. Había dudas sobre cómo la nueva sociedad encajaría con la misma Sepes y con la Sareb y con el resto de empresas o agencias de vivienda que tienen ayuntamientos, comunidades y el mismo Estado y que se engloban en la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. De hecho, la ministra ha hecho referencia a las experiencias de Barcelona, donde hay una empresa público-privada impulsada por Colau, y del País Vasco como modelos a seguir.
¿Una empresa pública de vivienda en Cataluña?
En pleno murmullo por cómo impactará la nueva empresa estatal en el mercado de la construcción, el portavoz de los Comunes en el Parlamento, David Cid, ha asegurado que están «valorando» con el PSC si tendría sentido que Cataluña constituyera una empresa pública similar a la que promueve Pedro Sánchez. Cid ha adelantado que la cuestión ha aparecido durante las negociaciones de los presupuestos de 2025. «Algunas medidas pueden ser interesantes», ha reconocido. «De hecho, en la negociación con el PSC estamos valorando si tiene sentido crear o no una empresa pública de construcción de vivienda. Esto puede ser una solución a 5 o 6 años vista pero hacen falta medidas concretas para actuar ya»
En una entrevista en RTVE, Cid ha explicado que las conversaciones están «paradas» porque el Gobierno no quiere concretar más las medidas para afrontar la crisis de vivienda que vive Cataluña. También ha admitido que la pugna interna en ERC para elegir nueva dirección tampoco ayuda. «Es cierto que si no se avanza más rápido en presupuestos es porque están a la espera de que termine el congreso en ERC», ha afirmado Cid. Respecto a la empresa pública de Sánchez, el portavoz de los Comunes ha insistido en que los «grandes anuncios no pagan el alquiler o la hipoteca» y que es un contrasentido crear una promotora pública y al mismo tiempo querer vender los 16.000 pisos propiedad de la Sareb.
