Un total de 27.471 jóvenes de entre 19 y 35 años han recibido la ayuda de hasta 200 euros para pagar el alquiler este año. Esto supone un gasto de 67 millones de euros por parte del gobierno español en Cataluña que se suman a las 14.551 subvenciones por un importe de 34,7 millones de euros que se otorgaron el año pasado. El objetivo principal de todo esto es facilitar la emancipación a los jóvenes y aliviar los precios del alquiler en todas partes. El problema, sin embargo, se concentra especialmente entre la población de entre 18 y 35 años, un demográfico que supera en Cataluña el millón y medio de personas, según Idescat. Una cifra total, cabe decir, muy lejana a los 42.000 catalanes que han tenido acceso a la limitada subvención desde su entrada en vigor. Es por eso que la mayoría de asociaciones expertas en la materia reconocen que estas ayudas han sido un auténtico fracaso. «No son ni un parche, son una tirita», sentencia Liliana Reyes, secretaria de nuevas realidades del trabajo, territorio y migraciones de Comisiones Obreras en Cataluña. En esta línea, el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, añade que estas ayudas son «ridículas» y «perpetúan y consolidan el mercado actual», motivo por el cual ambos recuerdan que el próximo día 23 de noviembre se ha convocado una gran manifestación en Barcelona para pedir un mejor acceso a la vivienda.
El primer escollo, según Reyes, es burocrático: la sindicalista considera «realmente difícil» cumplir todos los requisitos que reclama el gobierno español para poder ser uno de los escogidos para recibir la ayuda. Según Aragonès, «visto el contexto actual», parece que el gobierno español «no ha entendido nada» o «no quiere escuchar» a quienes se dirige, ya que están reclamando otro tipo de políticas para resolver un conflicto como el de la vivienda, más allá de criticar duramente que «las ayudas están mal orientadas». Por todo ello, ambos expertos acaban reconociendo que estas ayudas supuestamente directas a los inquilinos no van a su bolsillo, sino al de su arrendador, que muchas veces acaba aprovechándose y aumentando el precio del piso en 200 euros con la excusa de que pueden cobrar esta ayuda.
Desde el ámbito empresarial, el portavoz y director de estudios de pisos.com, Ferran Font, también lamenta que, efectivamente, los propietarios se conviertan en los beneficiarios finales de los 200 euros de la ayuda al precio del alquiler del piso. Es por eso que reclama a las administraciones que empiecen a tratar el conflicto con la vivienda desde un punto de vista global y no de parte. Además, añade que sería bueno que todos los partidos del arco parlamentario, especialmente PSOE y PP, intentaran llegar a puntos de acuerdo para construir «un gran pacto por la vivienda a largo plazo» y que dejen, de una vez por todas, de hacer un «uso partidista de la vivienda», que solo provoca que cada vez sea más difícil acceder a una residencia.
Qué requisitos son necesarios para recibir la ayuda
Por todo, los expertos constatan que las ayudas del gobierno español han fracasado. Al mismo tiempo, también coinciden en la enorme dificultad que supone cumplir los requisitos para acceder a ellas. Para empezar, cualquier persona que quiera solicitarla debe encontrar un alquiler inferior a los 950 euros mensuales -450 en el caso de las habitaciones-, en el ámbito metropolitano de Barcelona; 650 euros y 350 por habitación en el resto de la demarcación de Barcelona y en la demarcación de Girona; y de 600 euros por vivienda y 300 euros por habitación en las demarcaciones de Tarragona y Lleida y en las Terres de l’Ebre. Esto provoca que muchas ofertas ya no permitan poder solicitar la ayuda: sin ir más lejos, en Barcelona la media del precio de un piso para alquiler ya es más elevada de la marcada por la ayuda, con 1.165 euros mensuales. Si esto no fuera suficiente, el potencial beneficiario debe estar empadronado en el piso en cuestión y recibir unas rentas de 21.600 euros anuales.
Vistos los requisitos, Reyes comenta que es realmente difícil encontrar un piso en el área metropolitana de Barcelona por 900 euros o menos, ya que en los últimos años los precios de los alquileres se han disparado. En esta línea se pronuncia también Aragonès, que asegura que las ayudas «no solucionan» ninguno de los problemas que presenta el mercado actual. Por su parte, el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, coincide en el reto que resulta para los jóvenes acceder al mercado de la vivienda, ya que se encuentran con una alta demanda y una oferta que va a la baja. Aun así, Font destaca que la llegada de estas ayudas, ya hace más de dos años, no parece que haya provocado un aumento del precio del alquiler. Sin embargo, el experto apunta que durante este 2024 «los precios se han disparado» en Cataluña un 20% interanual de media después de haber estado varios meses en «crecimientos moderados».
Perpetuación del modelo
El análisis de los expertos sobre estas ayudas es similar en los tres casos: no solucionan, en absoluto, el problema de la vivienda. Aún más, les parece que se perpetúa el modelo actual, porque en la mayoría de los casos la cantidad acaba en manos del propietario y no del inquilino, desvirtuando el espíritu de la norma. Es por eso que Aragonès reclama que las administraciones fomenten el cambio del modelo actual de la vivienda y dejen de «consolidar el rentismo». Aboga, pues, por medidas fiscales y de control de rentas: «aumentar los impuestos» a los grandes tenedores y regular los precios máximos de alquiler, especialmente en las zonas tensionadas.
Además, el portavoz del Sindicat de Llogateres insiste en la necesidad de ampliar el parque público de vivienda de forma considerable para poder asegurar que los jóvenes puedan acceder a vivienda asequible. Aun así, en este punto Aragonès reconoce que esta es una tarea a mucho más largo plazo que no las primeras. De hecho, sobre este deber pendiente que tienen todas las administraciones del país, el activista recuerda que de aquí a un año Cataluña perderá 40.000 pisos de protección oficial, que volverán a manos de privados, un hecho que provocará que los 50.000 pisos nuevos anunciados por el presidente Salvador Illa -en caso de que la promesa se llegue a ejecutar completamente- queden en solo 10.000 unidades.
Por su parte, Reyes lamenta que a pesar de las buenas intenciones iniciales de esta ayuda, el hecho de que no vaya acompañada de más iniciativas provoca una perpetuación del conflicto. «Necesitamos un plan con medidas estructurales, si no estas ayudas no tienen sentido» y añade que «si continuamos así, no se podrá resolver el conflicto».
