La Comisión Europea encara semanas complicadas en su relación con el sector agroalimentario del continente. Tras las pequeñas reformas en la política agraria común del periodo 2027-2032, introducidas a instancia del gobierno español, el ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles el texto legal definitivo del acuerdo comercial con el Mercosur, la gran espina que pincha a Bruselas desde el inicio del siglo. Después de 21 años de negociaciones y negativas rotundas por parte de varios países miembros, la administración Von der Leyen desbloqueó el pacto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el pasado mes de diciembre. Desde entonces trabaja en un documento pactado que consiga penetrar el búnker de los tres principales opositores: Francia, Polonia e Italia; todos ellos entre los miembros con una agricultura movilizada más potente. A tal fin, el Colegio de Comisarios ha lanzado el documento definitivo para aprobar el proyecto, que aún tendrá que pasar por el Consejo Europeo y por el Europarlamento, todavía sin mayorías claras. Para evitar el ‘no’ de los críticos, han introducido varias concesiones, como un refuerzo de las salvaguardias al campo o una mayor vigilancia sobre los productos agrícolas importados, especialmente en lo que respecta a la producción bovina.
El documento evidencia los esfuerzos de la Comisión por acelerar la aprobación del acuerdo comercial. La protección del sector primario local, así, toma especial protagonismo. El comunicado emitido por el ejecutivo destaca los beneficios para el sector agroalimentario del continente, que podría alcanzar un aumento «próximo al 50%» de las exportaciones gracias a la reducción «sustancial» de aranceles hacia cuatro mercados en crecimiento. Los Comisarios, además, han doblado las protecciones a «todas las sensibilidades europeas» dentro del sector agropecuario. El pacto recoge «salvaguardias robustas» para los productos más sensibles a la apertura al mercado brasileño y argentino; principalmente la ganadería bovina. En este sentido, Bruselas propone aprobar, en paralelo al acuerdo, una ley que «operacionalice las protecciones bilaterales» que debe incluir el tratado. La regulación «busca proteger los sectores agrícolas europeos más cruciales, reconociendo las preocupaciones de los agricultores europeos». Cabe decir que la potencial normativa debería contar también con la aquiescencia de los firmantes latinoamericanos.
La ley adicional, según han explicado los Comisarios tras aprobar el acuerdo, obligará a la Comisión a vigilar el rendimiento de los productos especialmente sensibles y a informar regularmente a los países miembros y al resto de instituciones comunitarias sobre el estado del mercado. Entre las ramas agrarias que se espera que estén incluidas en esta segunda capa de protección destaca el bovino, pero también las aves de corral, el azúcar o el arroz. Cuando se detecten «distorsiones» en el mercado provocadas por la entrada de mercancías extranjeras -provenientes del Mercosur u otras regiones con fronteras comerciales abiertas con Europa-, Bruselas activará la nueva «red unitaria de seguridad». Se trata de un mecanismo vinculado a la PAC, con un presupuesto de 6.300 millones de euros destinados a ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por estos desequilibrios internacionales. La dotación de este paquete, según confirma la CE, dobla la actual reserva agraria de los 27. También otorgará al ejecutivo la capacidad de aplicar medidas específicas si un mercado sufre disrupciones evidentes, como un aumento del 10% de las importaciones o una caída del 10% del precio.
Polémica por la entrada en vigor
Tras décadas de negociación, la Comisión busca aprobar el texto lo antes posible. Así, pretende que la parte comercial del acuerdo, sobre la cual tiene competencias exclusivas, entre en vigor de forma exprés. En concreto, la primera aprobación solo necesitaría una mayoría calificada de los estados miembro y una mayoría simple de los eurodiputados, un objetivo más que alcanzable para los Comisarios, dado que la mayoría de gobiernos y grupos políticos de la Cámara ya se han mostrado favorables al acuerdo. El resto de medidas se pondrían en marcha más adelante, una vez cada uno de los 27 haya ratificado el tratado internamente. El mecanismo elegido por Von der Leyen ha levantado polémica entre los diputados de los grupos de la Izquierda Europea y de los Verdes, que ya han amenazado con llevar el procedimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Una vez esté en funcionamiento la nueva política comercial, ha destacado Von der Leyen, estará vigente la «zona de libre comercio más grande del planeta», con un mercado conjunto de 700 millones de consumidores potenciales. Según los cálculos de Bruselas, la nueva actividad empresarial a partir del pacto podría crear más de 440.000 puestos de trabajo, y estimularía un aumento de las exportaciones próximo al 40% hacia la región. Los aranceles, como destaca el ejecutivo, son a menudo «prohibitivos» entre las dos regiones, con tarifas de más del 35% en los automóviles o del 20% en la maquinaria industrial. De esta manera, las firmas europeas tendrán el camino libre para «invertir en cadenas de suministro clave», como las primeras materias críticas, sin perder los beneficios de la regulación local. «Los negocios y el agroalimentario europeo recibirán inmediatamente los beneficios de aranceles más bajos y costos limitados, contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo», ha celebrado Von der Leyen.
