La ley de vivienda ha llevado a debate la función de los alquileres de temporada. Como que no están incluidos en la regulación de precios, los sindicatos han asegurado que se convierten en la salida fácil de los arrendadores para saltarse la normativa. Ahora bien, desde el otro lado, a pesar de no negar este paso del alquiler tradicional al de temporada, se remarca que no es nada ilegal. En concreto, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, Lorenzo Viñas, ha asegurado que los propietarios «no están infringiendo nada» cuando ante las limitaciones y las contenciones de rentas deciden pasar su vivienda al alquiler de temporada o al mercado de compraventa. «Las personas adecuan sus soluciones», ha argumentado Viñas en unas declaraciones después de la presentación del estudio sobre las tendencias del sector elaborado por la escuela de negocios EADA y la entidad.
Los Administradores de Fincas se posicionan en contra de la posible regulación de los alquileres de temporada. De este modo, su presidente ha alertado que con las «limitaciones jurídicas a las propiedades privadas» hace que en «muchísimos casos» la oferta de viviendas del parque residencial de alquiler se reduzca. «En otros casos se mueven hacia contratos de temporada perfectamente válidos y legales, y están justificados por personas que vienen o van a una ciudad determinada por motivo de estudios, de trabajo, salud…», ha argumentado. Para Viñas, pues, estas viviendas «tienen que existir necesariamente».

La celebración de la construcción de vivienda social
La construcción de más pisos sociales ha sido una de las iniciativas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno en el Debate de Política General de este lunes. Esta decisión ha sido aplaudida por los Administradores de Fincas, que han celebrado la creación de hasta 50.000 nuevas viviendas de uso social que ha presentado Salvador Isla. Además, Viñas ha aprovechado para pedir cambios en la ley que permitan reconvertir los locales en desuso en viviendas a precio reducido para jóvenes, gente mayor y personas con problemas de movilidad. En este sentido, ha indicado que los propietarios de estos locales no tienen ningún beneficio sobre ellos y que en todo caso «pueden causar problemas en la comunidad donde se encuentran».